Los jueces de la Corte Suprema han decidido remitir al Tribunal Constitucional en relación con las modificaciones a la Ley de pensiones privadas, que afectan al Pilar 2 y al Pilar 3.

Los jueces de la Corte Suprema han decidido remitir al Tribunal Constitucional respecto a la Ley sobre el pago de pensiones privadas, que introduce modificaciones significativas para el Pilar 2 y el Pilar 3. Esta decisión se tomó en el marco de una reunión convocada para el 16 de octubre de 2025, en la que los jueces se reunieron para discutir la constitucionalidad de la ley antes de su promulgación.

La ley, recientemente adoptada por el Parlamento, regula la forma en que los rumanos pueden retirar fondos de las pensiones privadas, limitando el retiro inicial al 30% de la suma acumulada, con el resto pagado en cuotas durante un período mínimo de 8 años. Se harán excepciones para los pacientes oncológicos y para aquellos con fondos por debajo de un cierto umbral. Esta modificación ha generado controversias y críticas en la opinión pública, teniendo en cuenta que, en la actualidad, los rumanos pueden retirar la totalidad del dinero de las pensiones privadas.