
El 16 de octubre de 2025, los jueces de la Alta Corte de Casación se reunirán para discutir la posibilidad de remitir al Tribunal Constitucional en relación con el proyecto de ley sobre el pago de pensiones privadas, que fue adoptado por la Cámara de Diputados el 13 de octubre. El proyecto, iniciado por el Gobierno de Bolojan, prevé modificaciones significativas en lo que respecta a la retirada de fondos de las pensiones privadas.
Según las nuevas regulaciones, los pensionistas solo podrán retirar el 30% de la suma acumulada en su pensión como adelanto, y el resto se distribuirá durante un período de al menos 8 años. Existen excepciones para los pacientes oncológicos y para aquellos con fondos inferiores a 12 veces el valor de la pensión mínima, quienes podrán retirar la totalidad de la suma en un solo tramo. La decisión de la Alta Corte influirá en la implementación de esta ley antes de su promulgación.