Los representantes del Tribunal Constitucional de Rumanía (CCR) han anunciado que el análisis de las objeciones de inconstitucionalidad de la Ley sobre el pago de pensiones privadas se ha pospuesto para el 12 de noviembre. Las solicitudes fueron presentadas por los jueces de la Alta Corte de Casación y Justicia (ÎCCJ) y por los senadores de la Alianza por la Unificación de los Rumanos (AUR).
La ÎCCJ decidió, por unanimidad, remitir al CCR para el control de la constitucionalidad de la ley antes de su promulgación, invocando violaciones del derecho a la propiedad privada, del principio de proporcionalidad y de la igualdad en derechos. AUR criticó la iniciativa legislativa, acusando al Gobierno de intentar "desviar" las pensiones de los rumanos de los pilares II y III, subrayando que, si hubiera sido en beneficio de los contribuyentes, habría votado a favor de su adopción. También el miércoles, el CCR rechazó las objeciones de inconstitucionalidad relacionadas con la modificación del estatus de los diputados y senadores.
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