El Tribunal Constitucional de Rumanía ha aplazado al 7 de octubre el debate sobre el recurso presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sorin Grindeanu, relativo a un posible conflicto jurídico de naturaleza constitucional entre el Gobierno y el Parlamento, generado por la adopción del decreto ley relativo al Programa SAFE.
Sorin Grindeanu solicita al Tribunal Constitucional que constate la existencia del conflicto y establezca las medidas necesarias para restablecer el orden constitucional. En el recurso, sostiene que el Gobierno adoptó y remitió para su publicación el Decreto ley n.º 38/2026 después de que el Parlamento le retirara la confianza mediante una moción de censura, votada el 5 de mayo de 2026. El acto normativo se publicó en el Monitorul Oficial el 8 de mayo.
El presidente de la Cámara de Diputados afirma que el Ejecutivo, al encontrarse en la situación prevista en el artículo 110, apartado 4, de la Constitución, solo podía garantizar la gestión corriente de los asuntos públicos y ya no tenía derecho a legislar mediante decretos ley de urgencia.
El recurso también señala que el decreto ley reguló ámbitos que ya se encontraban en procedimiento parlamentario. El proyecto se habría ampliado durante la mañana del 5 de mayo mediante la incorporación de 12 artículos, antes de la votación de la moción de censura. Grindeanu sostiene que esta conducta redujo el papel del Parlamento y afectó al equilibrio entre los poderes del Estado.
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