La Corte Constitucional de Rumanía (CCR) decidirá el martes sobre las solicitudes formuladas por la Alianza para la Unificación de los Rumanos (AUR) y la Alta Corte de Casación y Justicia (ÎCCJ) relativas a la inconstitucionalidad de la ley sobre el pago de pensiones privadas.

El ICCJ sostiene que las sumas acumuladas en el Pilar II representan la propiedad privada de los participantes, y las limitaciones impuestas por la ley constituyen una injerencia injustificada sobre el derecho de propiedad. Además, el ICCJ impugna la solución legislativa que prevé la transferencia del pago de pensiones a fondos distintos, considerándola desproporcionada.

AUR acusa al Gobierno de robar las pensiones de los rumanos, afirmando que las modificaciones realizadas socavan la confianza de los ciudadanos en el sistema de pensiones privadas. El proyecto de ley fue adoptado por la Cámara de Diputados, generando controversias entre los participantes en los fondos de pensiones.