El proyecto de ley, adoptado por el Parlamento en octubre, establece que las personas que deseen retirar fondos del Pilar II recibirán inicialmente solo el 30% de la suma, el resto se pagará a lo largo de ocho años, con la excepción de los enfermos oncológicos que pueden retirar la suma completa. Los jueces de la Corte Suprema han notificado al CCR, invocando ambigüedades y posibles inconstitucionalidades en la ley, subrayando que los ciudadanos tienen derecho a una legislación clara y predecible. Además, AUR impugna la ley, acusando al Gobierno de intenciones de "robar" las pensiones de los rumanos y sosteniendo que las modificaciones favorecen a los administradores de los fondos y al estado, en detrimento de los contribuyentes.
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