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¿Debería el estado invertir en energía? La respuesta es evidente: ¡sí! La transición energética, la seguridad del suministro y la infraestructura crítica requieren implicación pública. La verdadera pregunta es otra. ¿Cómo lo hará y qué tipo de estado desea ser Rumanía?
¿Quiere Rumanía ser un estado-inversor, obligado a compensar permanentemente la ausencia de capital privado (que el propio estado ahuyenta)? ¿O quiere tener un estado-catalizador, capaz de crear el marco en el que las inversiones privadas y públicas se complementen mutuamente? La diferencia entre estas dos formas de manifestación es enorme. La primera implica una presión permanente sobre las finanzas públicas, dependencia de los ciclos políticos y concentración decisional. La segunda implica la movilización de volúmenes de capital incomparablemente mayores que los que el estado puede generar por sí solo. Considero que en esta elección está, de hecho, la apuesta del próximo decenio.
Rumanía está (todavía) en un período histórico favorable. Dispone de recursos naturales relevantes, acceso a fondos europeos, empresas energéticas fuertes y una posición estratégica en una Europa que busca seguridad energética y autonomía económica. Paradójicamente, precisamente este contexto favorable puede generar una ilusión peligrosa: la convicción de que el estado puede financiar por sí solo la transformación energética que ya ha comenzado. La realidad es que ningún presupuesto público europeo puede sostener por sí solo las inversiones necesarias para la modernización completa del sector energético. Estas inversiones requerirán cientos de miles de millones de euros a nivel europeo y decenas de miles de millones en el caso de Rumanía. Y estos miles de millones no pueden provenir exclusivamente de empresas estatales, fondos europeos o presupuestos nacionales. Requerirán la participación masiva del capital privado.
Desde esta perspectiva, el verdadero desafío no es construir un estado-inversor más fuerte. Es construir un estado lo suficientemente creíble para que los inversores deseen construir junto a él. Porque el futuro energético de Rumanía no dependerá de cuán grande sea el estado en la economía, sino de cuán capaz sea de inspirar confianza a aquellos que están dispuestos a invertir en él.
En los últimos años, Rumanía ha atravesado una de las transformaciones más interesantes de su historia energética postcomunista. Después de tres décadas en las que el discurso dominante ha sido la liberalización, la integración europea y la atracción de inversiones privadas, la realidad de los últimos años parece indicar un cambio sutil, pero profundo: el regreso del estado al centro del desarrollo energético. No se trata de una renacionalización formal ni de abandonar la economía de mercado. El fenómeno es más complejo. Ante las crisis sucesivas –pandemia, guerra, volatilidad energética, inflación e incertidumbre geopolítica–, el estado ha vuelto a ser el principal garante de la seguridad económica. En energía, esta tendencia es aún más visible. Los grandes proyectos estratégicos que hoy están en desarrollo tienen, de una forma u otra, al estado rumano en el centro de ellos. Desde los reactores nucleares hasta las inversiones hidroeléctricas y las nuevas capacidades en gas natural, las instituciones públicas y las empresas controladas por el estado representan un factor de transformación del sector. Pero, ¿estamos asistiendo a la consolidación de un modelo de desarrollo estratégico o a la aparición de una economía energética en la que el estado invierte, mientras que el capital privado prefiere mirar desde la orilla?
En la próxima década, muchos analistas consideraban que el papel del estado en energía debería reducirse progresivamente al de regulador y árbitro. Sin embargo, la realidad europea ha evolucionado en una dirección diferente. La competencia geopolítica entre los grandes bloques económicos, la transición energética y la necesidad de autonomía estratégica han devuelto la política industrial al centro de las decisiones económicas. Estados Unidos subsidia masivamente las industrias verdes. China continúa utilizando las herramientas del capitalismo de estado. La Unión Europea desarrolla sus propios mecanismos de apoyo para los sectores considerados estratégicos.
Rumanía no es una excepción. En un contexto marcado por la volatilidad y el riesgo, si actúa de manera inteligente, el estado puede convertirse en el actor capaz de atraer y movilizar capital privado, gestionar proyectos complejos en asociaciones público-privadas y asumir horizontes de inversión que el mercado observa con prudencia en ausencia de señales de confianza. Pero Rumanía no debe construir un mercado energético moderno basándose predominantemente en unos pocos campeones controlados por el estado. Existe una diferencia fundamental entre la existencia de empresas públicas eficientes y su transformación en el principal vehículo de inversión de la economía energética. Un mercado saludable necesita competencia, diversidad de capital y multiplicación de los centros de decisión de inversión. Cuando la mayoría de los grandes proyectos gravitan en torno a los mismos actores, el riesgo no es la falta de rendimiento, sino la concentración excesiva.
El capital privado no ha desaparecido. Se ha vuelto prudente. Una percepción frecuente en el espacio público es que el sector privado no invierte lo suficiente. La realidad es más matizada. Los fondos de infraestructura, los inversores institucionales y las grandes empresas energéticas disponen hoy de liquidez significativa y buscan oportunidades en Europa Central y del Este. Rumanía sigue siendo atractiva por sus recursos naturales, el tamaño del mercado y su posición geoestratégica. Lo que a menudo falta no es el apetito por inversiones, sino la confianza en la estabilidad de las reglas. El capital privado puede aceptar riesgos comerciales. Puede aceptar la volatilidad del mercado. Puede aceptar incluso los ciclos económicos. Lo que acepta con mucha más dificultad es la incertidumbre institucional. Cuando los impuestos excepcionales aparecen de la noche a la mañana, los mecanismos de mercado son suspendidos administrativamente y las reglas cambian con frecuencia, los inversores no abandonan necesariamente el mercado. Adoptan una estrategia de espera.
En energía, esta espera puede durar años. Y no deberíamos permitirnos eso.
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