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Los políticos permanecen atrapados en un interminable baile de egos, cálculos electorales y la supervivencia de un día para otro. Mientras tanto, la economía real de Rumanía sigue respirando al borde del abismo. Los resultados fiscal-presupuestarios de la primera parte del año ocultan una realidad brutal: la estabilidad del país pende de un hilo. Rumanía se tambalea en el último escalón de la calificación recomendada para inversiones, con una perspectiva negativa por parte de las agencias internacionales Fitch y Moody’s. La caída en la categoría de "basura" (especulativa) no solo sería una simple mala nota en un catálogo externo, sino el desencadenante de un éxodo automático de capital, que barrería la poca estabilidad que queda.
La manipulación de las cifras de los primeros cinco meses, cuando el déficit fue reducido artificialmente al 1,75% del PIB mediante medidas desesperadas de recaudación y un bloqueo parcial de los gastos, tiende a convertirse en el anestésico perfecto para un país incapaz de reforma estructural. El aumento del 22,9% en la recaudación del IVA muestra que los mecanismos de ajuste funcionan temporalmente, pero esta disciplina momentánea es una excepción en un paisaje dominado por la imprevisibilidad y el cinismo político.
El verdadero enemigo de la economía rumana no es el contexto internacional, sino la inestabilidad política crónica. Las disputas estériles en la coalición y la priorización de las agendas de partido en detrimento de la estrategia macroeconómica vulnerabilizan al país ante las agencias de calificación. Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch no evalúan intenciones, sino previsibilidad. ¿Cómo se puede hablar de previsibilidad cuando el calendario fiscal de 7 años negociado con Bruselas es tratado en Bucarest como una opción secundaria, subordinada al interés electoral?
El impacto de este teatro político sobre la economía real es devastador. Los empresarios rumanos y las empresas privadas pagan diariamente el costo de esta inestabilidad. En una economía donde el crecimiento real del PIB se arrastra anémicamente al 0,1%, y la inflación permanece estancada en un sofocante 7%, el sector privado es el que lleva sobre sus espaldas la carga de los créditos caros y la falta de visión. Los inversores no huyen de los altos impuestos, sino del caos; y cuando las decisiones gubernamentales cambian de una semana a otra para apagar incendios políticos internos, el capital privado se retira. Los planes de desarrollo se posponen, las contrataciones se detienen, y la competitividad del país se desploma—realidad confirmada por la caída dramática al puesto 61 de 70 en el ranking mundial IMD.
La tragedia es que Rumanía tiene a su disposición un enorme salvavidas: los fondos europeos y el PNRR. Sin embargo, el dinero de Bruselas viene acompañado de hitos y reformas difíciles—exactamente el tipo de compromiso del que los políticos huyen para no perder porcentajes en las encuestas. Los bloqueos institucionales en la implementación del PNRR obligan al estado a continuar financiando la infraestructura a través de masivos préstamos externos, a tasas sofocantes, en lugar de utilizar el dinero gratuito de la Unión.
Para detener el deslizamiento, es necesaria una desconexión urgente de la decisión económica de los intereses de partido. El gobierno debe asumir políticamente la prolongación firme del tope de los gastos presupuestarios y la congelación de las contrataciones en el estado, al mismo tiempo que se realiza una digitalización real y agresiva de la ANAF, que elimine privilegios fiscales y evasión, en lugar de asfixiar a todos los contribuyentes correctos.
La reducción del déficit en la primera parte del año solo demostró que el aparato del estado puede movilizarse cuando la situación llega a un punto crítico. Sin embargo, si en la segunda mitad del año el Ejecutivo regresa a las viejas costumbres de despilfarro y dádivas electorales para comprar tranquilidad política, el retroceso cerrará definitivamente el cerco alrededor de la economía.
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