La Comisión Europea envía a Grecia ante el Tribunal de Justicia por reglas discriminatorias sobre los beneficios familiares

Bruselas, 21 de noviembre de 2025 - La Comisión Europea ha decidido llevar a Grecia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la legislación europea sobre la coordinación de la seguridad social y la libre circulación de trabajadores. En su forma actual, la legislación helena establece condiciones diferentes de acceso a las prestaciones familiares para los ciudadanos de la UE y para los ciudadanos de fuera de la Unión que, sin embargo, están cubiertos por las normas de la UE sobre la coordinación de la seguridad social.

Según la Comisión, los ciudadanos de la UE que residen en Grecia solo pueden solicitar prestaciones familiares si han vivido al menos cinco años junto a sus hijos. Para los ciudadanos no pertenecientes a la UE cubiertos por la legislación europea – por ejemplo, trabajadores que se han trasladado a Grecia desde otro estado miembro – la legislación impone un período mínimo de residencia de 12 años. El ejecutivo europeo considera que estos requisitos son discriminatorios y contravienen directamente el Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, que prohíbe cualquier condición de residencia para la concesión de prestaciones sociales.

El procedimiento de infracción fue iniciado en noviembre de 2023, cuando la Comisión envió a Grecia una carta de requerimiento. En julio de 2024, Grecia recibió un dictamen motivado, sin embargo, las autoridades helenas no han modificado la legislación nacional para ajustarla al derecho de la UE. Ante la falta de las medidas necesarias, el caso se presenta ahora ante el Tribunal de Justicia.

Las normas europeas sobre la coordinación de la seguridad social garantizan que los ciudadanos de la UE que trabajan en otro estado miembro mantengan sus derechos a pensiones, seguros de salud, prestaciones familiares y otros beneficios. Paralelamente, la legislación sobre la libre circulación de trabajadores prevé acceso igual a ventajas sociales y fiscales, sin discriminación por motivos de nacionalidad. La Comisión advierte que la aplicación de criterios diferentes infringe estos principios fundamentales del Mercado Único.

La decisión del Tribunal de Justicia puede obligar a Grecia a modificar su legislación y, en caso de incumplimiento posterior, a pagar sanciones financieras. La Comisión menciona que la remisión al tribunal representa la última etapa en el mecanismo de garantía del respeto del derecho de la UE.

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