La Comisión propone reconocer más rápidamente las cualificaciones para trabajar en otro Estado de la UE y ofrecer indemnizaciones por los retrasos

Los plazos se reducirían a cinco semanas para el reconocimiento automático y a 11 semanas para las demás solicitudes. El paquete también introduciría pruebas digitales de las cualificaciones y de la seguridad social, junto con controles mejor coordinados para proteger a los trabajadores, incluidos los de fuera de la UE.

La Comisión Europea propone plazos más cortos para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en otros Estados de la UE y compensaciones por determinados retrasos de las autoridades. El paquete sobre la movilidad laboral justa también permitiría utilizar documentos digitales para demostrar las cualificaciones y la cobertura de la seguridad social, al tiempo que reforzaría la cooperación entre las inspecciones de trabajo. Las propuestas legislativas deben ser aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo.

En resumen

1.El reconocimiento de las cualificaciones se aceleraría mediante un procedimiento digital común, con plazos de cinco semanas para el reconocimiento automático y de 11 semanas para las demás solicitudes. Los solicitantes podrían reclamar compensaciones por determinados retrasos imputables a las autoridades, en las condiciones previstas por el proyecto.

2.Las certificaciones digitales y un nuevo instrumento Europass ayudarían a trabajadores y empleadores a verificar y comparar cualificaciones de distintos países. El formato digital no sustituiría el reconocimiento necesario para ejercer una profesión regulada.

3.ESSPASS permitiría utilizar en línea el documento A1 para los trabajadores desplazados y la tarjeta sanitaria europea de la seguridad social. La tarjeta debería expedirse en un plazo máximo de 24 horas desde una solicitud completa; los documentos en papel seguirían estando disponibles.

4.La Autoridad Laboral Europea apoyaría inspecciones que cubrieran explícitamente también los derechos de los trabajadores de terceros países. Las inspecciones seguirían requiriendo el acuerdo de los Estados participantes, y las negativas deberían estar justificadas.

5.Las propuestas legislativas deben negociarse en el Parlamento y el Consejo. El calendario propuesto prevé documentos A1 digitales un año después de la entrada en vigor del reglamento pertinente y los principales cambios digitales para las cualificaciones y la tarjeta europea tres años después de la entrada en vigor de los actos respectivos.

El primer cambio se refiere al acceso a las profesiones reguladas, para cuyo ejercicio se requiere una cualificación reconocida. La Comisión propone reducir los plazos de tres meses a cinco semanas en los casos que se beneficien del reconocimiento automático y de cuatro meses a 11 semanas para las demás solicitudes. Los procedimientos se llevarían a cabo a través de una plataforma europea común, y las solicitudes y los documentos justificativos se aceptarían en todas las lenguas oficiales de la UE, reduciendo la necesidad de traducciones juradas.

La plataforma permitiría al solicitante hacer un seguimiento del expediente, y a las autoridades del país de origen y del país en el que desea trabajar intercambiar directamente las pruebas necesarias. La autoridad que reciba la solicitud debería señalar los documentos que falten en un plazo máximo de una semana. Los nuevos plazos no eliminarían la verificación de la cualificación. El procedimiento incluye completar el expediente y, cuando sea necesario, obtener confirmaciones del Estado de origen.

Por el incumplimiento de los plazos, el proyecto introduce el derecho a reclamar compensaciones calculadas por cada día de retraso. Este derecho se activaría si la autoridad del Estado de origen supera en más de cinco días naturales los plazos previstos o si la autoridad del Estado de acogida los supera en más de diez días. El cálculo comenzaría el primer día después de la expiración del plazo; sin embargo, al Estado de acogida no se le imputaría el tiempo durante el cual espera las pruebas solicitadas al Estado de origen o al tercer país que expidió la cualificación. Los Estados podrían limitar el importe total. La propuesta de modificación de la Directiva sobre las cualificaciones profesionales establece estas condiciones.

Para las cualificaciones incluidas en los marcos nacionales, sus titulares podrían solicitar gratuitamente una certificación en la cartera europea de identidad digital, que podrían presentar en otros Estados de la UE. Para las cualificaciones obtenidas en los diez años anteriores a la entrada en vigor del nuevo reglamento, la expedición previa solicitud debería tardar como máximo dos semanas. El proyecto permite a los Estados limitar esta expedición retroactiva a las personas que demuestren que utilizarán el documento para trabajar en otro Estado miembro.

Un nuevo instrumento en la plataforma Europass permitiría a empleadores y trabajadores comparar gratuitamente el contenido de las cualificaciones, utilizando las bases de datos nacionales. El documento digital facilitaría la verificación de la autenticidad de un diploma, mientras que la comparación ayudaría a entender la formación que acredita. Sin embargo, el formato digital no cambiaría las normas de reconocimiento. Para una profesión regulada, el documento de la cartera no sustituiría la decisión de la autoridad competente.

Para los fisioterapeutas, la Comisión ha adoptado por separado el primer marco común de formación, que permitiría el reconocimiento automático de las cualificaciones que cumplan los requisitos mínimos comunes de competencias. El mecanismo se refiere a los Estados miembros participantes. El marco está sujeto al control del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que su adopción por la Comisión no significa que el nuevo reconocimiento ya sea aplicable.

El paquete también aborda las cualificaciones obtenidas fuera de la UE. Una directiva propuesta para los nacionales de terceros países introduciría requisitos comunes sobre los documentos, los plazos de resolución y el derecho a impugnar las decisiones. El reconocimiento automático solo sería posible para las cualificaciones procedentes de programas de formación aprobados previamente que respeten las normas mínimas europeas, en profesiones como médico, enfermero responsable de cuidados generales o arquitecto.

El reconocimiento de una cualificación de este tipo en un Estado miembro no haría que la decisión fuera automáticamente transferible a los demás. Tampoco conferiría el derecho a entrar, residir o trabajar en la UE. Estas condiciones seguirían siendo distintas de la evaluación de la formación profesional. La Comisión precisa estos límites en las explicaciones sobre el paquete.

La acreditación de la cobertura de la seguridad social seguiría una vía similar de digitalización, mediante el pasaporte europeo de seguridad social, ESSPASS. Un trabajador desplazado podría solicitar, recibir y presentar electrónicamente el documento A1, que indica en qué país está cubierto por la seguridad social. La tarjeta sanitaria europea de la seguridad social también podría gestionarse en línea; el proyecto establece para su expedición un plazo máximo de 24 horas desde la presentación de una solicitud completa.

Las instituciones de seguridad social, los inspectores y los proveedores de servicios médicos podrían comprobar directamente si un documento es auténtico, si sus datos han sido modificados y si sigue siendo válido. Esta verificación reduciría la necesidad de confirmaciones administrativas separadas y ayudaría a detectar documentos falsificados. El uso de la cartera digital no sería obligatorio. Las versiones en papel seguirían disponibles previa solicitud e incluirían elementos de seguridad verificables, según la propuesta ESSPASS.

Para combatir los abusos en el trabajo transfronterizo, la Comisión propone ampliar el mandato de la Autoridad Laboral Europea, ELA. Esta recibiría un acceso más amplio a los datos para realizar análisis de riesgos y coordinaría inspecciones que cubrieran explícitamente también los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores de terceros países. Oficiales nacionales de enlace para las inspecciones apoyarían la cooperación entre las autoridades.

«Una cooperación más estrecha entre las autoridades nacionales contribuirá a combatir el fraude y los abusos, de modo que quienes incumplen las normas no puedan perjudicar a los trabajadores y las empresas responsables», declaró en el comunicado Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión responsable de Derechos Sociales y Competencias. Este es el objetivo invocado por el Ejecutivo europeo para combinar la simplificación de los procedimientos con el refuerzo de la aplicación de las normas.

La ELA podría solicitar por iniciativa propia la organización de inspecciones concertadas o conjuntas, pero estas seguirían dependiendo del acuerdo de los Estados participantes. El proyecto obligaría a un Estado que rechazara participar a justificar su decisión y comunicar los motivos en un plazo de diez días laborables. Las competencias de control seguirían ejerciéndose en el marco nacional, con el apoyo de la autoridad europea. La propuesta sobre el mandato de la ELA mantiene explícitamente la condición del consentimiento nacional.

Para trabajadores y empleadores, la aplicación de los cambios sería gradual, después de concluir las negociaciones legislativas. El calendario propuesto prevé la digitalización del documento A1 un año después de la entrada en vigor del reglamento ESSPASS, y de la tarjeta europea y otros documentos de seguridad social tres años después. Las certificaciones digitales de las cualificaciones y los nuevos procedimientos digitales de reconocimiento también comenzarían a aplicarse tres años después de la entrada en vigor de los actos respectivos. Estos intervalos no se calculan desde la presentación del paquete por parte de la Comisión.