Tineke Strik pide explicaciones antes de que el Consejo decida desbloquear 4.200 millones de euros para Hungría

La ponente del Parlamento Europeo para el procedimiento relativo a Hungría en virtud del artículo 7 pide a la Comisión que demuestre que los riesgos para el presupuesto de la UE han sido subsanados mediante reformas aplicadas efectivamente. La Comisión propone levantar las medidas de condicionalidad de 2022, lo que restablecería compromisos por valor de 4,2 mil millones de euros y el acceso de las universidades afectadas a Erasmus+ y Horizon Europe.

Tineke Strik, ponente del Parlamento Europeo para el procedimiento relativo a Hungría en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, pide a la Comisión que explique por qué considera que los riesgos para el presupuesto de la UE han sido suficientemente subsanados para levantar las medidas de condicionalidad. Su posición llega después de que la Comisión propusiera al Consejo restablecer compromisos por valor de 4,2 mil millones de euros de la política de cohesión y eliminar las restricciones que afectan a la participación de algunas universidades húngaras en Erasmus+ y Horizon Europe.

En resumen

1.Strik afirma que deben reconocerse los avances de Hungría, pero que la liberación de miles de millones de euros de los fondos de la UE debe basarse en reformas aplicadas efectivamente, no en promesas de cambios futuros. Pide a la Comisión que detalle los motivos por los que considera que los riesgos para el presupuesto europeo están ahora suficientemente controlados.

2.Según la Comisión Europea, Hungría ha subsanado problemas identificados en la contratación pública, el marco anticorrupción, los conflictos de intereses y la eficacia de la actuación de los fiscales. Sin embargo, la evaluación positiva de la Comisión no levanta por sí sola las medidas, ya que la decisión corresponde al Consejo.

3.Si se aprueba la propuesta, se restablecerían compromisos por valor de 4,2 mil millones de euros de la política de cohesión, y los estudiantes e investigadores de las universidades gestionadas por fundaciones húngaras de interés público podrían volver a beneficiarse de Erasmus+ y Horizon Europe. El Consejo dispone de un mes para decidir.

4.El levantamiento de las medidas de condicionalidad no cierra el procedimiento relativo a Hungría en virtud del artículo 7. Este examina un conjunto más amplio de problemas relacionados con los valores de la Unión, y el Parlamento inició el procedimiento en 2018.

La Comisión Europea propone levantar las medidas adoptadas en 2022 en virtud del Reglamento sobre la condicionalidad después de haber analizado las reformas notificadas por las autoridades húngaras y la manera en que se han aplicado. Según la evaluación de la Comisión, ya no se cumplen las condiciones que justificaron las medidas de protección del presupuesto de la Unión.

Entre los ámbitos analizados se encuentran la contratación pública, el marco anticorrupción, la prevención de conflictos de intereses y la eficacia de la actuación de las autoridades encargadas de la persecución penal. La Comisión señala el fortalecimiento de las competencias de la Autoridad de Integridad y de su acceso a los datos, la modificación del sistema de declaraciones patrimoniales, la ampliación del control judicial sobre determinadas decisiones de las autoridades de investigación y persecución penal y el refuerzo de los controles sobre el uso de los fondos europeos.

Las medidas de 2022 afectaron a dos componentes. El Consejo suspendió el 55% de los compromisos presupuestarios para tres programas de la política de cohesión y prohibió a la Comisión contraer nuevos compromisos jurídicos con las fundaciones húngaras de interés público y con las entidades gestionadas por estas en el marco de programas financiados mediante gestión directa o indirecta. Erasmus+ y Horizon Europe se encontraban entre los programas afectados.

La propuesta actual restablecería 4,2 mil millones de euros de los compromisos suspendidos. Si el Consejo la aprueba, también se eliminaría la prohibición que impide nuevos compromisos financieros con las entidades gestionadas por las fundaciones de interés público, lo que permitiría reanudar la participación de los estudiantes e investigadores afectados en Erasmus+ y Horizon Europe.

Strik no cuestiona en su declaración la existencia de avances. La ponente afirma que estos deben reconocerse y considera importante el regreso de las universidades húngaras a los dos programas europeos. Sin embargo, insiste en que una decisión sobre miles de millones de euros del presupuesto de la UE debe basarse en reformas aplicadas en la práctica y no en compromisos sobre lo que las autoridades tienen la intención de hacer posteriormente.

Uno de los puntos que plantea es la situación de las fundaciones de interés público. Strik afirma que el proceso de eliminación gradual de estas sigue en curso y pide a la Comisión que explique por qué considera que los riesgos para el presupuesto están suficientemente subsanados cuando esta reforma aún no ha concluido. La Comisión, por su parte, afirma que Hungría ha aumentado la transparencia y ha abordado los riesgos de conflicto de intereses asociados a estas fundaciones, con vistas a su desaparición.

La ponente también solicita que el Parlamento reciba información detallada sobre la fundamentación de la propuesta. Según su declaración , el alcance de la decisión y sus implicaciones para el dinero de los contribuyentes justifican el ejercicio de la función de control democrático del Parlamento prevista por el Reglamento sobre la condicionalidad.

La evaluación presupuestaria debe separarse del procedimiento relativo a Hungría en virtud del artículo 7. Este último tiene un ámbito más amplio y examina la situación de los valores consagrados en los Tratados de la UE. El Parlamento inició el procedimiento en 2018 y posteriormente siguió examinando la evolución en Hungría.

La propuesta de la Comisión no libera automáticamente los 4,2 mil millones de euros ni elimina de inmediato las restricciones sobre Erasmus+ y Horizon Europe. El Consejo debe examinar la propuesta y dispone de un mes para decidir si levanta las medidas adoptadas en 2022.

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