OLAF prepara la transferencia automática de datos sobre el comercio ilegal de tabaco para evitar la doble notificación

Los datos introducidos por las autoridades en los sistemas nacionales llegarían automáticamente a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, sin una segunda comunicación manual. Ernesto Bianchi presentó esta línea de trabajo en el Parlamento Europeo, después de que una auditoría constatara deficiencias en la cooperación contra el comercio ilegal de tabaco. La OLAF también analiza el papel del futuro centro aduanero europeo, pero no ha anunciado un calendario para las transferencias automáticas.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) está trabajando en un mecanismo mediante el cual los datos sobre el comercio ilegal de tabaco, ya registrados por las autoridades en los sistemas nacionales, puedan transferirse automáticamente a la oficina europea. El objetivo es que los funcionarios no tengan que introducir la misma información por segunda vez, explicó Ernesto Bianchi, director de la OLAF responsable de ingresos y operaciones internacionales, en la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, el 3 de noviembre.

En resumen

La OLAF está trabajando en la incorporación automática de los datos ya comunicados en los sistemas nacionales, para que las autoridades no introduzcan la misma información dos veces. Ernesto Bianchi explicó el mecanismo en la comisión CONT, el 3 de noviembre.

El proyecto busca simplificar el intercambio de información en la lucha contra el comercio ilegal de tabaco. No se ha anunciado el lanzamiento de un sistema operativo ni una fecha para la conexión de las bases de datos nacionales.

La OLAF quiere combinar mejor la información aduanera y administrativa con la relativa a las redes delictivas. El acceso a la información de las investigaciones penales sigue sujeto a límites, también para la OLAF.

El futuro centro aduanero europeo podría vincular la información antifraude con el análisis de riesgos aduaneros. El calendario del centro es distinto del proyecto de transferencia automática descrito por Bianchi.

El Tribunal de Cuentas Europeo constató que los datos están fragmentados, que la cooperación entre los Estados es desigual y que falta una evaluación sistemática de los resultados. La auditoría incluyó a autoridades de Rumanía, Bélgica, España y Polonia.

Bianchi presentó la simplificación de las comunicaciones como una actividad ya iniciada, en la respuesta de la OLAF a una auditoría sobre la lucha contra el comercio ilegal de tabaco. Sin embargo, no anunció la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema, un plazo para las transferencias automáticas ni la lista de las bases de datos que se conectarían. El mecanismo descrito evitaría duplicar el trabajo de comunicación; su intervención no anunció la eliminación de una obligación legal de proporcionar información.

Para las autoridades nacionales, el problema es práctico: la información puede existir en una base de datos interna, pero transmitirla a la OLAF aún requiere otra operación de comunicación. Bianchi afirmó que estos requisitos pueden desincentivar la cooperación y consumen recursos en un momento en que las administraciones aduaneras afrontan numerosas operaciones, sin un aumento correspondiente de su capacidad.

El debate partió del informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo, que constató que la información sobre el mercado ilegal del tabaco está fragmentada y no permite estimar de forma fiable su dimensión e impacto. Los auditores analizaron las medidas de la Comisión y de las autoridades nacionales durante el período 2023–2025, con verificaciones en Bélgica, España, Polonia y Rumanía. También identificaron diferencias en la cooperación entre los Estados, así como la falta de una evaluación sistemática de los efectos de las medidas europeas.

El Tribunal recomienda, entre otras cosas, apoyar a los Estados en las transferencias electrónicas automáticas de datos y compartir mejor la información que necesita la OLAF. Para esta recomendación, los auditores señalan 2029 como plazo de aplicación. Este es el plazo propuesto por la auditoría, no una fecha de lanzamiento anunciada por Bianchi para el mecanismo descrito en el Parlamento.

El informe cita una estimación de la Comisión según la cual el comercio ilegal de tabaco provoca pérdidas anuales de ingresos de unos 13.000 millones de euros para la UE y sus Estados miembros. La cifra debe leerse junto con la constatación de los auditores de que faltan estimaciones suficientemente fiables para todo el mercado. No representa un nuevo balance de las pérdidas de 2026.

En sus respuestas, Bianchi insistió en el vínculo entre la información administrativa y la operativa. Los datos aduaneros pueden describir la circulación de mercancías, mientras que la información de las investigaciones puede mostrar quién organiza la producción clandestina o el contrabando. Conectarlas es importante para reconstruir actividades que atraviesan varios países e instituciones.

Este intercambio también tiene límites jurídicos. Bianchi precisó que la OLAF no tiene acceso libre a la información de las investigaciones penales y que la oficina trabaja con Europol para encontrar soluciones prácticas. La cooperación debe tener en cuenta las distintas competencias de las autoridades aduaneras, la policía y los fiscales, incluida la Fiscalía Europea.

Un segundo instrumento considerado es el futuro centro aduanero europeo, la plataforma común de datos creada mediante la reforma aduanera de la UE. Bianchi considera que esta podría respaldar un circuito en el que la información obtenida por la OLAF alimente el análisis de riesgos aduaneros, y los resultados del análisis ayuden, a su vez, a la actividad antifraude. Relacionó esta posibilidad con la cooperación con la nueva Autoridad Aduanera de la UE y con la forma concreta que adoptará la plataforma.

El centro y la autoridad aduanera ya cuentan con un marco jurídico, mediante el nuevo Código Aduanero de la Unión adoptado en septiembre de 2026. Según el calendario presentado por el Consejo, la autoridad, con sede en Lille, comenzará su actividad en 2027, mientras que el uso del centro será obligatorio para el comercio electrónico el 1 de julio de 2028 y para todos los comerciantes el 1 de marzo de 2034. El Reglamento también prevé el uso voluntario de las capacidades del centro a partir del 1 de marzo de 2031.

Este calendario se refiere a la infraestructura aduanera y a las obligaciones de los comerciantes, mientras que la transferencia automática a la OLAF busca evitar que las autoridades comuniquen la información repetidamente. Ambas líneas pueden contribuir a un mejor intercambio de datos, pero no son el mismo mecanismo. El acceso de la OLAF, Europol y la Fiscalía Europea a los datos del centro también está sujeto a las condiciones y garantías previstas por el Reglamento.

Bianchi sostuvo que los resultados de la cooperación también deben seguirse en las operaciones realizadas conjuntamente, mediante la capacidad de identificar redes y detener sus actividades. Sin embargo, invocó la independencia de la Fiscalía Europea para explicar por qué una evaluación de la actividad de todos los organismos implicados no puede ser realizada simplemente por la Comisión. La simplificación de las comunicaciones es, en este enfoque, un medio para poner más rápidamente la información existente a disposición de las autoridades que pueden intervenir.

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