La reforma aduanera de la UE entra en vigor, con una nueva tasa para las importaciones en línea y un sistema común de datos
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La reforma aduanera de la Unión Europea ha entrado en vigor y establece una nueva tasa de tramitación para las mercancías importadas mediante ventas a distancia, junto con mayores responsabilidades para las plataformas y los comerciantes en línea. Los cambios se aplicarán por etapas. El importe de la tasa aún debe ser establecido por la Comisión, y el sistema europeo común de datos aduaneros será obligatorio para el comercio electrónico a partir de julio de 2028.
En resumen
El Reglamento ha entrado en vigor, pero la fecha general de aplicación es el 21 de septiembre de 2027. La Autoridad Aduanera de la UE ya está constituida jurídicamente en Lille, y la Comisión estima que comenzará sus actividades en 2027.
La nueva tasa de tramitación se establecerá por artículo y cubrirá costes aduaneros como la verificación de datos y el análisis de riesgos. El importe debe fijarse mediante un acto delegado antes del 29 de septiembre; la Comisión indica noviembre de 2026 para su aplicación.
Los proveedores y las plataformas que tengan la condición de importador para las ventas a distancia serán responsables de la información aduanera, el pago de los derechos y la conformidad de las mercancías. La reforma traslada estas responsabilidades del consumidor al operador comercial.
La plataforma común de datos será obligatoria para el comercio electrónico a partir del 1 de julio de 2028. Los demás operadores podrán utilizarla a partir del 1 de marzo de 2031, antes de que su uso sea obligatorio a partir del 1 de marzo de 2034.
El nuevo Reglamento, adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo, establece el Código Aduanero de la Unión y la Autoridad Aduanera de la UE, con sede en Lille, Francia. Publicado en el Diario Oficial el 19 de septiembre, entró en vigor al día siguiente. La fecha general de aplicación es el 21 de septiembre de 2027; sin embargo, algunas disposiciones, incluida la creación de la autoridad y la preparación de la infraestructura de datos, ya se aplican, mientras que otras tienen plazos posteriores.
La presión sobre las aduanas procede especialmente del comercio en línea. Según las explicaciones de la Comisión, en 2025 entraron en la UE aproximadamente 5.900 millones de artículos de bajo valor, más del 90 % procedentes de China. Su verificación implica tanto la recaudación de derechos como el control del cumplimiento de las normas sobre seguridad de los productos, medio ambiente o mercancías prohibidas. Actualmente, los operadores trabajan con 27 administraciones aduaneras y más de 111 interfaces y sistemas informáticos distintos.
La nueva tasa de tramitación tiene por objeto cubrir una parte del coste de estas operaciones. El artículo 20 prevé un importe fijo por artículo para tramitar la solicitud de despacho a libre práctica de las mercancías vendidas a distancia. El cálculo debe reflejar los costes aproximados de la verificación de datos, el análisis de riesgos, la infraestructura y los controles. El pago corresponde al deudor de la deuda aduanera, y el Reglamento establece que la tasa no es reembolsable.
La Comisión debe adoptar antes del 29 de septiembre el acto delegado que establezca el importe. En el comunicado sobre la entrada en vigor de la reforma, la Comisión indica noviembre de 2026 para el inicio de la aplicación. Sin embargo, el texto jurídico establece el mecanismo exacto: la obligación de recaudación se aplicará diez días después de la entrada en vigor del acto delegado. Por tanto, el importe y el momento efectivo dependerán de dicho acto.
La tasa de tramitación es distinta del derecho de aduana temporal de 3 euros, aplicado desde el 1 de julio de 2026 en el marco de la eliminación de la exención para los envíos de bajo valor de hasta 150 euros. Según la Comisión, el régimen temporal se aplicará hasta julio de 2028, cuando se prevé la recaudación de los derechos de aduana ordinarios. Ambas medidas tienen funciones diferentes, y el importe de 3 euros no representa el importe de la nueva tasa de tramitación.
La reforma también cambia la persona responsable de las importaciones resultantes de compras en línea. El proveedor o la plataforma que facilite la venta tendrá la condición de importador para las ventas a distancia, en las condiciones establecidas por el Reglamento. Le corresponderán el suministro de la información aduanera, la garantía del pago de los derechos y el cumplimiento de la legislación aplicable a las mercancías. La Comisión explica que el nuevo modelo traslada estas responsabilidades del consumidor al operador comercial.
Para controlar mejor estos flujos, la UE construirá una plataforma común de datos aduaneros, EU Customs Data Hub. Los operadores transmitirán la información a través de un punto único, independientemente del lugar por el que las mercancías entren en la Unión. Los datos estables sobre una cadena de suministro, como la información sobre los productos o los proveedores de servicios logísticos, podrán facilitarse una sola vez. El acceso común a la información está concebido para permitir la identificación de riesgos antes de la llegada de las mercancías a la frontera.
La Autoridad Aduanera de la UE coordinará la cooperación y el análisis de riesgos a escala europea y asumirá funciones de desarrollo y administración de la plataforma de datos. Las administraciones nacionales conservarán sus propios análisis de riesgos y su función en los controles. La Comisión estima que la autoridad comenzará a funcionar en 2027; su constitución jurídica no significa que la nueva infraestructura informática ya esté disponible.
El calendario del Reglamento prevé el uso obligatorio de la plataforma para los importadores de ventas a distancia y los usuarios del régimen especial del IVA a la importación, IOSS, a partir del 1 de julio de 2028, para las operaciones previstas en el texto. Los demás importadores, exportadores y titulares del régimen de tránsito podrán optar por la plataforma a partir del 1 de marzo de 2031. Su uso será obligatorio para todos estos operadores a partir del 1 de marzo de 2034.
Las empresas autorizadas en el régimen Trust and Check podrán beneficiarse de simplificaciones adicionales, como la realización de determinados controles y el despacho de aduana en sus instalaciones. A cambio, deberán cumplir requisitos de conformidad y solvencia y poner a disposición de las aduanas datos electrónicos lo más cercanos posible al tiempo real. El estatuto será objeto de seguimiento, y el Reglamento impone verificaciones exhaustivas, incluso en las instalaciones del operador, al menos una vez cada dos años.
La Comisión estima ahorros anuales de casi 2.300 millones de euros en costes operativos para los Estados miembros y de 2.580 millones de euros en costes administrativos para los operadores, mediante la sustitución gradual de los sistemas existentes. Se trata de estimaciones de beneficios futuros. El próximo plazo inmediato es el 29 de septiembre, para el acto que fijará la nueva tasa de tramitación; la transición completa al sistema común de datos se prolongará hasta 2034.
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