Daniel Freund pide a la Comisión que explique si Polonia sigue cumpliendo las condiciones para recibir fondos de cohesión

El eurodiputado Daniel Freund cuestiona el mantenimiento de la evaluación positiva de 2024, en el contexto de la crisis del Tribunal Constitucional polaco. Raffaele Fitto afirma que la situación está siendo supervisada, mientras que la comisión CONT ha solicitado explicaciones por escrito. En la audiencia no se anunció un nuevo bloqueo de los fondos.

El eurodiputado Daniel Freund pidió a la Comisión Europea que explique si Polonia sigue cumpliendo los requisitos que permitieron, en 2024, acceder a reembolsos de los fondos de cohesión y otros programas europeos. La pregunta fue dirigida al vicepresidente ejecutivo Raffaele Fitto en la comisión de Control Presupuestario (CONT) del Parlamento Europeo, el 3 de noviembre, en el contexto de la nueva crisis del Tribunal Constitucional de Varsovia. Fitto confirmó que se están supervisando los acontecimientos, sin anunciar una evaluación negativa ni un nuevo bloqueo de la financiación. La presidencia de CONT solicitó una respuesta por escrito.

En resumen
Daniel Freund, eurodiputado alemán del grupo Verdes/ALE, pregunta si los problemas persistentes de la justicia polaca exigen reevaluar la condición relativa a la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales en los programas europeos.

La evaluación positiva de la Comisión de febrero de 2024 abrió el acceso a una financiación de hasta 76.500 millones de euros para 2021–2027. Ese era el valor de los programas afectados, no una cantidad pagada íntegramente a Polonia.

Raffaele Fitto afirma que los Estados deben cumplir las condiciones favorecedoras durante todo el período de programación. La Comisión las supervisa mediante los comités de seguimiento, las evaluaciones del rendimiento y los intercambios con las autoridades nacionales.

Si una condición deja de cumplirse, la Comisión debe comunicar su evaluación y examinar las observaciones del Estado. La constatación de un incumplimiento persistente impide el reembolso de los gastos relacionados con los objetivos afectados, salvo las operaciones que contribuyan a cumplir la condición.

CONT solicitó aclaraciones por escrito sobre la evaluación de Polonia. La audiencia no modificó el estatuto de la financiación; el mecanismo de las condiciones favorecedoras es distinto de la condicionalidad presupuestaria general y de los hitos del MRR.

Durante el intercambio de preguntas y respuestas, Freund sostuvo que el Ejecutivo europeo permitió prematuramente a Polonia acceder a los fondos tras el cambio de Gobierno de finales de 2023. A su juicio, detener algunos ataques contra la independencia judicial no significaba que los problemas del sistema hubieran sido resueltos. Mencionó las dificultades para aplicar las sentencias de los tribunales europeos y la negativa del presidente a recibir el juramento de algunos jueces elegidos por el Parlamento. Estos son los argumentos del eurodiputado a favor de una reevaluación, no las conclusiones de una nueva decisión de la Comisión.

Freund insistió en que la cuestión va más allá de la confrontación de los últimos días sobre la dirección del Tribunal Constitucional. Pidió saber qué criterios concretos utiliza la Comisión para verificar la independencia judicial y el funcionamiento de los tribunales. Cuestionó la idea de que las promesas y el plan de reformas del Gobierno pudieran ser suficientes sin corregir los problemas, y preguntó si era necesario reabrir los procedimientos relativos a las condiciones de financiación.

Fitto respondió que la institución sigue de cerca la evolución de los acontecimientos y reiteró la posición expresada por el comisario de Justicia, Michael McGrath: el Tribunal Constitucional debe poder funcionar de conformidad con la Constitución de Polonia y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. El vicepresidente ejecutivo no ofreció durante la audiencia una nueva conclusión sobre el cumplimiento de la condición de financiación. Después de que Freund volviera a plantear la cuestión, la presidencia de CONT solicitó una explicación por escrito sobre la forma en que la Comisión evalúa los compromisos de Polonia.

En su explicación general, Fitto subrayó que la responsabilidad de cumplir las condiciones favorecedoras corresponde a los Estados miembros durante todo el período de programación. Señaló las reuniones de los comités de seguimiento, las evaluaciones del rendimiento con la Comisión y los intercambios periódicos con las autoridades competentes como instrumentos para identificar deficiencias y adoptar medidas correctoras. Sin embargo, esta descripción de los procedimientos no respondió a los criterios concretos aplicables al caso polaco, sobre los que Freund pidió aclaraciones adicionales.

La importancia financiera parte de la evaluación de la Comisión de febrero de 2024. El Ejecutivo consideró entonces cumplida la condición favorecedora horizontal relativa a la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales, abriendo a Polonia el acceso a una financiación de hasta 76.500 millones de euros para 2021–2027. El paquete incluía los fondos de cohesión, así como programas para la pesca y los asuntos de interior. No se trataba de transferir inmediatamente la totalidad de esa cantidad. La decisión permitía reembolsar los gastos elegibles en las condiciones de los respectivos programas.

La Comisión evaluó por separado, durante el mismo período, los hitos relativos a la independencia judicial y al control financiero del plan polaco de recuperación y resiliencia. Las dos evaluaciones se presentaron conjuntamente, pero tenían bases jurídicas diferentes: las condiciones favorecedoras regulan los reembolsos de los programas cubiertos por el Reglamento sobre disposiciones comunes, mientras que los pagos del MRR dependen de los hitos y objetivos del plan aprobado. Ninguna de las dos constituía una certificación de que todos los problemas del sistema judicial polaco hubieran sido resueltos.

La obligación de mantener el cumplimiento de las condiciones está prevista en el Reglamento sobre disposiciones comunes. El artículo 15 exige al Estado miembro informar a la Comisión sobre las modificaciones que puedan afectar a su cumplimiento. Si el Ejecutivo considera que una condición ya no se cumple, debe comunicar su evaluación. El Estado puede impugnarla mediante observaciones presentadas en el plazo de un mes, y la Comisión debe seguir el procedimiento de examen previsto en el reglamento.

Si el incumplimiento persiste, los gastos relacionados con los objetivos específicos afectados pueden incluirse en las solicitudes de pago, pero no se reembolsan hasta que la condición vuelva a considerarse cumplida. Existe una excepción para las operaciones que contribuyan precisamente a cumplir la condición. No se trata de una cancelación automática de toda la financiación europea. Los efectos dependen de la condición incumplida y de los objetivos afectados; en el caso de una condición horizontal, el alcance puede ser amplio, ya que se aplica a todos los objetivos específicos. El procedimiento es distinto del mecanismo general para proteger el presupuesto de la UE en caso de vulneración del Estado de derecho.

Las preguntas sobre la financiación surgen en el contexto del conflicto sobre los jueces y la dirección del Tribunal Constitucional. El presidente Karol Nawrocki se negó a recibir el juramento de algunos jueces elegidos por el Sejm, la cámara baja del Parlamento. El 30 de octubre, Anna Korwin-Piotrowska, una de las juezas elegidas, dictó órdenes de suspensión por un mes del presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente, Bartłomiej Sochański. Se cuestiona su competencia para ordenar esas medidas. El conflicto sobre los nombramientos no resuelve por sí mismo la cuestión separada de la legalidad de las suspensiones.

La Comisión Internacional de Juristas, una organización no gubernamental, criticó tanto la negativa del presidente a recibir el juramento como la suspensión de la dirección en ausencia de un procedimiento legal justo y adecuado. La organización pidió a las autoridades que resolvieran la crisis mediante procedimientos constitucionales y respetando la independencia judicial. Su posición no constituye una resolución judicial ni una evaluación de la elegibilidad de Polonia para recibir fondos europeos.

Freund vinculó el caso con un problema más amplio de transparencia, aludiendo a las críticas del Defensor del Pueblo Europeo sobre el acceso a los documentos utilizados para evaluar a Hungría. En su decisión de abril de 2026, el Defensor del Pueblo confirmó la existencia de mala administración y consideró poco convincentes las explicaciones de la Comisión para denegar un acceso más amplio a los documentos. La conclusión se refería a la transparencia y al acceso público, sin determinar la legalidad de la propia evaluación financiera.

La respuesta escrita solicitada por CONT debe aclarar cómo se aplica la supervisión general a la situación de Polonia. Hasta que la Comisión comunique una nueva evaluación, el intercambio parlamentario no puede interpretarse como una suspensión de los fondos. La cuestión que sigue abierta tras la audiencia es si los problemas señalados por Freund afectan a la condición relativa a la Carta en la ejecución de los programas y qué pruebas utiliza el Ejecutivo para considerar que dicha condición sigue cumpliéndose.