La Comisión Europea está preparando reglas comunes para las organizaciones que informan sobre contenido ilegal en línea
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La Comisión Europea solicita observaciones hasta el 26 de junio de 2026 sobre un proyecto de directrices para los "flaggers de confianza", organizaciones oficialmente reconocidas para señalar a las plataformas contenido ilegal en línea. El mecanismo está previsto en el Reglamento sobre servicios digitales y obliga a las plataformas a tratar con prioridad estas notificaciones, sin transferir a las organizaciones la responsabilidad final de decidir si un contenido es ilegal.
La Comisión Europea está preparando directrices comunes para las organizaciones que reciben el estatus de "flagger de confianza" en virtud del Reglamento sobre servicios digitales, un mecanismo mediante el cual las plataformas en línea deben tratar con prioridad las notificaciones sobre contenido ilegal.
El proyecto busca clarificar los criterios según los cuales los coordinadores nacionales para servicios digitales otorgan este estatus, la forma en que las plataformas y organizaciones deben procesar las notificaciones y las garantías necesarias para que el sistema no sea utilizado de manera abusiva. La Comisión solicita observaciones de las plataformas, organizaciones ya designadas, candidatos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil hasta el 26 de junio de 2026, y las directrices se espera que sean adoptadas en la segunda mitad del año 2026.
En resumen
La Comisión Europea solicita comentarios sobre unas directrices para el mecanismo de "flaggers de confianza" previsto en el Reglamento sobre servicios digitales.
Las plataformas en línea deben tratar con prioridad las notificaciones enviadas por estas organizaciones, pero siguen siendo responsables de decidir si un contenido es ilegal.
Más de 70 organizaciones ya han sido designadas, con experiencia en áreas como fraudes financieros, acoso en línea, material de abuso sexual infantil, violaciones de derechos de propiedad intelectual y otras formas de contenido ilegal.
El proyecto aclara la independencia, objetividad, responsabilidad y los procedimientos de suspensión o revocación del estatus.
El estudio preparatorio de la Comisión muestra que la aplicación del mecanismo plantea problemas prácticos, incluida la falta de armonización entre las autoridades nacionales, la dificultad de evaluar la independencia y la capacidad limitada de algunas organizaciones pequeñas.
En el marco del Reglamento sobre servicios digitales, los "flaggers de confianza" son entidades especializadas en detectar, identificar y notificar contenido ilegal en línea. El estatus es otorgado por los coordinadores nacionales para servicios digitales, y las organizaciones deben demostrar experiencia, independencia frente a las plataformas y la capacidad de actuar de manera diligente, precisa y objetiva.
Las notificaciones enviadas por estas organizaciones deben ser procesadas rápidamente y con prioridad por las plataformas en línea. La Comisión subraya, sin embargo, que las plataformas mantienen la responsabilidad de verificar las notificaciones y decidir si el material señalado es ilegal. El mecanismo cubre contenido ilegal, no cualquier tipo de contenido problemático o contrario a las reglas internas de las plataformas.
Los ejemplos indicados por la Comisión muestran la diversidad de los ámbitos afectados. Entre las organizaciones ya designadas se encuentran el Bank of Ireland, especializado en fraudes financieros, Someturva, que se ocupa de acoso en línea, incluida la distribución no consensuada de material íntimo, y Child Focus, que trabaja en material de abuso sexual infantil.
El proyecto de directrices busca reducir las diferencias entre las prácticas nacionales. Los coordinadores para servicios digitales deben decidir qué organizaciones pueden recibir el estatus, monitorear su actividad y pueden suspender o revocar el estatus si las notificaciones son insuficientemente precisas, inexactas o mal fundamentadas. La página de la Comisión sobre el mecanismo muestra que el estatus es válido a nivel de la Unión Europea, en relación con cualquier plataforma en línea que esté sujeta al artículo 22 del Reglamento sobre servicios digitales.
La apuesta es doble. Por un lado, la Comisión quiere que la señalización de contenido ilegal se vuelva más rápida y confiable, especialmente donde las organizaciones especializadas tienen conocimientos que los usuarios comunes o los sistemas automáticos no tienen. Por otro lado, el mecanismo debe evitar el riesgo de que organizaciones privadas, públicas o comerciales adquieran una influencia desproporcionada sobre la moderación del contenido en línea.
El estudio preparatorio realizado para la Comisión muestra que el mecanismo aún se encuentra en una etapa temprana y que las autoridades nacionales, las plataformas y las posibles organizaciones designadas han solicitado directrices oficiales para reducir las incertidumbres. El estudio identifica la falta de armonización entre los coordinadores nacionales, las diferencias en los requisitos de aplicación y los procedimientos de evaluación, así como las ambigüedades sobre la suspensión y revocación del estatus.
Una de las etapas más difíciles es la evaluación de los candidatos. El estudio señala que las autoridades nacionales tienen dificultades para verificar la experiencia y la independencia, especialmente en el caso de organizaciones recién creadas, organismos públicos, titulares de derechos de propiedad intelectual o organizaciones que han recibido financiación de las plataformas.
Otro problema es la capacidad administrativa. Las organizaciones designadas deben publicar informes anuales sobre las notificaciones enviadas, los tipos de contenido señalados y las acciones tomadas por las plataformas. El estudio advierte que esta obligación puede convertirse en una carga para las organizaciones pequeñas, especialmente para las ONG, si no hay apoyo técnico, intercambio de información y financiación adecuada.
Las directrices también incluyen garantías para la libertad de expresión. La Comisión quiere que las organizaciones designadas permanezcan independientes, objetivas y responsables, y que el estatus pueda ser suspendido o revocado si el mecanismo se utiliza incorrectamente. Las organizaciones deberán publicar informes anuales de transparencia, y los coordinadores nacionales tendrán el papel de supervisar el cumplimiento de los criterios.
Para los usuarios, el efecto práctico es que ciertas señales de contenido ilegal deberían llegar más rápido a las plataformas. Para las plataformas, el mecanismo implica obligaciones procedimentales más claras. Para la sociedad civil, investigadores y organizaciones especializadas, el estatus puede ofrecer un camino oficial de intervención, pero también obligaciones de transparencia y responsabilidad.
El Reglamento sobre servicios digitales se aplica a los servicios en línea utilizados por los ciudadanos europeos, incluidas las plataformas de redes sociales, mercados en línea, tiendas de aplicaciones y plataformas de reservas. El mecanismo de "flaggers de confianza" es uno de los componentes mediante los cuales la UE intenta hacer la aplicación de las reglas más rápida, más predecible y más controlable, sin eliminar la responsabilidad de las plataformas por sus propias decisiones de moderación.
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