Ana Vasconcelos pide pruebas de que la verificación de edad protege a los niños sin comprometer la privacidad

La eurodiputada portuguesa Ana Vasconcelos, del grupo Renew Europe, pidió pruebas de que la verificación de edad para acceder a servicios en línea puede proteger a los niños sin comprometer la privacidad de los usuarios. Durante un debate del Panel del Parlamento Europeo para el Futuro de la Ciencia y la Tecnología, STOA, celebrado en Estrasburgo, cuestionó la eficacia de unas restricciones que pueden eludirse y advirtió de que estas corren el riesgo de reducir la presión sobre las plataformas para eliminar las funciones que fomentan el uso excesivo.

En resumen, Ana Vasconcelos pide demostrar la eficacia de la verificación de edad y ofrecer garantías para los datos de todos los usuarios. Advierte de que las restricciones de acceso pueden desviar la atención de las funciones de las plataformas que fomentan el uso excesivo. Los métodos tienen límites diferentes. La declaración de la edad puede eludirse fácilmente, la verificación mediante documentos puede crear barreras de acceso y la estimación a partir de fotografías plantea problemas de precisión y de protección de la información biométrica. La solución europea busca confirmar que se ha alcanzado un umbral de edad sin revelar la identidad a la plataforma. Sin embargo, la documentación técnica reconoce que la ayuda de un adulto puede permitir que un menor supere la verificación. La propuesta Kids Act, publicada después del debate, incluye la verificación de edad y garantías relativas al uso de los datos. El Parlamento y el Consejo deben examinar el texto; el debate de STOA no constituye una posición legislativa adoptada.

Vasconcelos cuestionó la proporcionalidad de una solución que exigiría verificar a los usuarios para identificar a los menores. Su preocupación también se refiere a los adultos, cuyos datos podrían tratarse durante este proceso. Pidió a las autoridades que demostraran la eficacia de las medidas y ofrecieran garantías para la protección de los datos, en lugar de suponer que introducir un umbral de edad resuelve el problema de la seguridad en línea.

El debate tuvo lugar en la reunión de STOA del 17 de septiembre, en el marco de una presentación del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, EPRS. Michael Adam, jefe de la Unidad de Políticas Digitales, explicó que los métodos para determinar la edad tienen ventajas y límites diferentes. La declaración de la edad por parte del usuario es sencilla y no requiere documentos adicionales, pero se basa en su sinceridad y puede eludirse fácilmente.

La verificación mediante un documento o un medio de identificación electrónica puede ofrecer un mayor grado de certeza, pero el acceso puede resultar difícil para las personas que no disponen de los documentos necesarios. La estimación de la edad mediante el análisis de una fotografía evita este requisito, pero introduce otros problemas. Según la presentación del EPRS, la precisión puede variar entre grupos demográficos y el método implica el tratamiento de información biométrica sensible. Estas opciones no ofrecen las mismas garantías y no pueden evaluarse como un único sistema.

En la solución descrita por la Comisión Europea, el usuario certifica inicialmente su edad y la aplicación transmite a la plataforma únicamente la confirmación de que se ha superado el umbral exigido. El nombre y la fecha de nacimiento no se guardan en la aplicación ni se transmiten durante la verificación. El mecanismo pretende impedir también la vinculación de las verificaciones realizadas en distintos sitios web.

La solución europea se diseñó inicialmente para demostrar que se habían cumplido los 18 años, pero puede adaptarse a otros umbrales. Es compatible con las futuras carteras europeas de identidad digital y también puede funcionar como una aplicación independiente. Sin embargo, la disponibilidad de la tecnología no significa que ya exista una aplicación uniforme en todos los Estados miembros. La Comisión prevé que se pueda acceder a instrumentos de este tipo para finales de 2026, mediante su adaptación e introducción a escala nacional.

La protección de la identidad no elimina todas las posibilidades de elusión. El documento técnico europeo de análisis de amenazas reconoce que un adulto que se encuentre junto a un menor puede superar la verificación en su nombre. La autenticación del usuario y la comprobación de la proximidad de los dispositivos limitan ciertos abusos. No obstante, los autores precisan que el escaneo facial continuo constituiría una injerencia desproporcionada en la privacidad.

La Comisión admite, en sus propias explicaciones públicas, que la verificación de edad puede eludirse técnicamente, incluso mediante el uso de una red privada virtual. Sostiene, sin embargo, que el instrumento puede constituir una barrera útil contra el acceso de los menores a contenidos perjudiciales. Esta es la justificación de la Comisión para utilizar la solución; la presentación de STOA no ofreció una medición de su eficacia tras una aplicación generalizada en la UE.

En el momento del debate, los participantes esperaban la publicación de la propuesta Kids Act. La Comisión la presentó posteriormente ese mismo día, proponiendo cuentas autónomas en las redes sociales a partir de los 15 años y cuentas limitadas, administradas por los padres, para los niños de 13 y 14 años. La propuesta incluye la verificación de edad y obligaciones relativas al diseño de los servicios para proteger a los menores. El texto fue remitido al Parlamento Europeo y al Consejo para su examen y adopción.

En la forma propuesta, las normas sobre la determinación de la edad prohibirían utilizar las soluciones para identificar, localizar, rastrear o crear perfiles, y limitarían los datos tratados a los estrictamente necesarios. Los usuarios deberían poder impugnar gratuitamente un resultado que consideren erróneo. Estas garantías son disposiciones de una propuesta legislativa y no demuestran, por sí solas, el rendimiento de una aplicación en el uso cotidiano.

Para Vasconcelos, las restricciones de acceso también deben evaluarse por su efecto sobre los servicios de valor educativo. Invocó la experiencia de las regiones aisladas, incluidas las islas Azores, de donde procede, donde las herramientas en línea pueden reducir las barreras geográficas. El EPRS sostuvo, a su vez, que la protección debe integrarse en el funcionamiento de las plataformas, ya que los padres no pueden supervisar todas las actividades de sus hijos. El debate de STOA no concluyó con la adopción de una posición legislativa sobre la verificación de edad.