El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que suspenda temporalmente las obligaciones por las que los productores de medicamentos y cosméticos deben cubrir la mayor parte de los costos para la eliminación de micropoluentes de las aguas residuales urbanas, hasta que se complete una nueva evaluación de impacto. Los eurodiputados apoyan los objetivos medioambientales de la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, pero dicen que la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor debe ser verificada cuidadosamente para no afectar la disponibilidad, el precio y el acceso de los pacientes a los medicamentos.
El Parlamento Europeo pide una pausa temporal en la aplicación de las obligaciones financieras introducidas por la nueva directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, para verificar si el sistema por el cual los productores de medicamentos y cosméticos deben pagar por la eliminación de micropoluentes puede afectar el acceso a los medicamentos. La resolución adoptada el jueves no cuestiona el objetivo medioambiental de la directiva, pero pide a la Comisión Europea una nueva evaluación de impacto hasta finales de 2026.
En resumen
Los eurodiputados apoyan la introducción del tratamiento cuaternario de las aguas residuales, es decir, la tecnología mediante la cual se eliminan micropoluentes como residuos farmacéuticos o sustancias químicas de cosméticos.
El Parlamento Europeo dice que estos costos no deben ser transferidos a los contribuyentes o consumidores de agua, sino soportados adecuadamente por los sectores que contribuyen a la contaminación.
Al mismo tiempo, los eurodiputados piden una suspensión temporal de las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor, hasta que la Comisión verifique el impacto sobre el acceso a los medicamentos.
La directiva prevé una aplicación gradual hasta 2045, y los productores de medicamentos y cosméticos deberían cubrir al menos el 80% de los costos de eliminación de micropoluentes.
La resolución fue adoptada con 294 votos a favor, 245 en contra y 28 abstenciones, lo que muestra una clara mayoría, pero también un debate político sensible. El tema combina dos objetivos públicos difíciles de separar: agua más limpia para las personas y ecosistemas, por un lado, y la seguridad del suministro de medicamentos, por el otro.
Los micropoluentes son sustancias presentes en cantidades pequeñas en el agua, pero que pueden tener efectos importantes sobre el medio ambiente y la salud. En las aguas residuales urbanas pueden llegar, por ejemplo, residuos de medicamentos, productos cosméticos u otras sustancias químicas utilizadas a diario. Las estaciones de tratamiento convencionales no siempre están diseñadas para eliminar estas sustancias, por lo que la directiva revisada introduce el tratamiento cuaternario, una etapa avanzada de purificación.
El Parlamento Europeo reafirma su apoyo a los objetivos medioambientales de la directiva. Los eurodiputados dicen que el tratamiento cuaternario es necesario para proteger la salud, los ecosistemas y para combatir algunos riesgos emergentes, incluida la resistencia antimicrobiana. Esta conexión es importante: los residuos de antibióticos y otras sustancias pueden contribuir a presiones sobre el medio ambiente y a la aparición de formas de resistencia que afectan la eficacia de los tratamientos médicos.
El problema central es quién paga. La directiva aplica el principio "quien contamina paga" e introduce la responsabilidad ampliada del productor para los productores de medicamentos y cosméticos. En la práctica, estos deben cubrir al menos el 80% de los costos de eliminación de micropoluentes de las aguas residuales urbanas. La idea es que la factura por la contaminación no sea enviada directamente a los contribuyentes o consumidores de agua.
Los eurodiputados consideran que la responsabilidad ampliada del productor es el instrumento más eficaz para aplicar el principio "quien contamina paga". Al mismo tiempo, piden que las obligaciones sean aplicadas de manera flexible y proporcional, de modo que no afecten la disponibilidad, el precio o la accesibilidad de los medicamentos en la Unión Europea.
Este es el trasfondo político de la resolución. Si los productores de medicamentos deben soportar altos costos adicionales, existen temores de que algunos productos puedan volverse más caros, menos atractivos comercialmente o más difíciles de mantener en el mercado, especialmente en casos donde los márgenes son pequeños o las cadenas de suministro ya son frágiles. El Parlamento pide que estos riesgos sean evaluados antes de que las obligaciones financieras tengan efectos concretos.
Los eurodiputados solicitan a la Comisión Europea una nueva evaluación de impacto hasta finales de 2026. Esta debería identificar la lista de sustancias presentes en las aguas residuales urbanas, verificar los costos del tratamiento cuaternario, establecer la asignación de responsabilidades a los sectores relevantes y analizar el impacto potencial sobre la disponibilidad, accesibilidad y precio de los medicamentos.
Hasta que se complete el estudio y la evaluación de las conclusiones por parte de la Comisión, el Parlamento pide una suspensión temporal, mediante la fórmula "stop the clock", de las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor y del tratamiento cuaternario, incluidas las obligaciones financieras conexas. La solicitud no anula la directiva, pero introduce presión política para una pausa en la aplicación hasta que el impacto económico y sanitario sea más claro.
La directiva revisada sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas entrará en vigor el 1 de enero de 2025. Exige a los Estados miembros que se aseguren de que las ciudades recojan y traten adecuadamente las aguas residuales. El nuevo elemento sensible es la ampliación del tratamiento a micropoluentes e inclusión de los productores de medicamentos y cosméticos en la financiación de los costos.
La aplicación del tratamiento cuaternario será gradual. A partir de diciembre de 2033, el 20% de las estaciones más grandes y el 10% de las más pequeñas deberán ser modernizadas. Hasta 2039, la cobertura debe alcanzar el 60% de las estaciones, y la cobertura completa está prevista para 2045. Este largo calendario muestra la magnitud de las inversiones necesarias y la complejidad de la modernización de la infraestructura de agua.
Para los ciudadanos, el expediente no es solo técnico. Se refiere a la calidad del agua, los costos en las facturas de servicios públicos, la protección de ríos y ecosistemas, pero también al precio y la disponibilidad de medicamentos. El Parlamento intenta mantener el equilibrio entre dos promesas: el agua urbana debe ser tratada mejor, y los costos de este tratamiento deben ser distribuidos sin crear nuevos problemas en el sistema de salud.
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