ENVI quiere simplificar las obligaciones medioambientales para las pymes de la UE, pero mantiene a los representantes para las empresas de fuera de la Unión
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La Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo apoyó la simplificación temporal de algunas obligaciones administrativas relativas a la responsabilidad ampliada del productor, pero restringió la excepción propuesta por la Comisión Europea de modo que solo beneficie a las pequeñas y medianas empresas establecidas en la Unión. Las empresas de fuera de la UE seguirían estando obligadas a designar representantes autorizados, y no se elimina la responsabilidad de los productores respecto a la gestión de los productos a lo largo de su ciclo de vida, incluso cuando se convierten en residuos.
En resumen
ENVI adoptó por 74 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones la posición sobre las baterías y los envases.
La posición sobre los textiles, el calzado, los aparatos electrónicos y los productos de plástico de un solo uso salió adelante con 72 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.
La Comisión Europea había propuesto suspender con carácter general hasta 2035 la obligación de designar un representante autorizado, pero ENVI quiere que la excepción se limite a las pymes establecidas en la UE.
Las empresas de fuera de la Unión seguirían necesitando representantes autorizados para cumplir las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor.
La excepción sería temporal y finalizaría automáticamente cuando entren en vigor las normas europeas horizontales sobre economía circular. Las posiciones de ENVI deben ser confirmadas primero en el pleno.
Las medidas se refieren a la denominada responsabilidad ampliada del productor, conocida por la abreviatura EPR. En el marco de estas normas, las empresas que introducen productos en el mercado europeo tienen responsabilidades que continúan después de la venta, incluso durante la fase en que los productos se convierten en residuos. El sistema pretende que una parte de los costes y obligaciones asociados a la recogida, el tratamiento y la gestión de los productos al final de su ciclo de vida siga recayendo en los productores.
Una de las obligaciones administrativas asociadas a estos sistemas es la designación de un representante autorizado. La propuesta de la Comisión Europea pretendía suspender hasta 2035 este requisito de manera más amplia, a la espera de un marco europeo más coherente para la economía circular. Sin embargo, ENVI optó por un enfoque más restringido, al considerar que la simplificación debe ayudar principalmente a las pequeñas y medianas empresas europeas, sin reducir las obligaciones de las empresas establecidas fuera de la Unión.
Según la posición adoptada, la suspensión estaría disponible para las pymes establecidas en la UE. El comunicado del Parlamento define en este contexto las pymes como empresas con menos de 250 empleados y una facturación anual inferior a 50 millones EUR o un balance anual total inferior a 43 millones EUR. Las empresas que no estén establecidas en la Unión seguirían designando representantes autorizados.
Esta delimitación también tiene una dimensión de competencia. Si la obligación se suspendiera de la misma manera tanto para las empresas europeas como para las de terceros países, las empresas que venden en el mercado único sin estar establecidas aquí se beneficiarían de la misma reducción administrativa. La posición de ENVI mantiene el representante para los operadores de fuera de la UE, al tiempo que ofrece una simplificación temporal a las pymes europeas.
Las dos votaciones abarcan grupos diferentes de productos. En el expediente relativo a las baterías y los envases, la posición fue adoptada con 74 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones. En el segundo expediente, que se refiere a los textiles, el calzado, los aparatos electrónicos y los productos de plástico de un solo uso, el resultado fue de 72 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones. El acta de la reunión confirma la adopción de ambas posiciones mediante votación nominal, y el comunicado del Parlamento proporciona los resultados completos.
En ambos casos, la modificación propuesta es administrativa y no anula el principio de responsabilidad ampliada del productor. Las empresas siguen siendo responsables de las obligaciones previstas por el régimen EPR. Lo que se suspende temporalmente para la categoría contemplada por el Parlamento es la obligación adicional de designar al representante autorizado.
ENVI también solicita medidas de simplificación más amplias. Los eurodiputados quieren una mejor reutilización y puesta en común de la información ya facilitada a las autoridades de distintos Estados miembros, sistemas digitales interoperables y requisitos comunes de notificación. El objetivo es reducir las situaciones en las que una misma empresa debe transmitir información similar a través de mecanismos nacionales diferentes para cumplir normas europeas construidas en torno al mismo principio.
La ponente Ingeborg ter Laak presentó la medida como una solución transitoria para las pequeñas empresas, hasta que la UE adopte un marco horizontal más coherente. Según el comunicado del Parlamento, su argumento es que no se debería obligar a las empresas a soportar años de cargas administrativas consideradas innecesarias mientras las instituciones preparan la solución legislativa permanente.
El carácter temporal está previsto explícitamente mediante una cláusula de extinción. La suspensión desaparecería automáticamente cuando entren en vigor las normas generales sobre economía circular que sustituirán la solución transitoria. Se espera que la Comisión Europea presente un acto integral sobre economía circular más adelante en 2026, y las medidas debatidas por ENVI forman parte del paquete de simplificación medioambiental.
Esta cláusula es importante porque la posición del Parlamento no pretende crear dos sistemas permanentes diferentes para las pymes y las grandes empresas. La lógica consiste en eliminar temporalmente una obligación administrativa para las pequeñas empresas de la UE hasta que la arquitectura general de la responsabilidad de los productores se armonice a escala europea.
Sin embargo, para las empresas de terceros países, el representante sigue formando parte de la arquitectura propuesta por ENVI. Así, una empresa de fuera de la Unión que introduzca los productos contemplados en el mercado europeo no se beneficiaría de la excepción concedida a una pyme establecida en un Estado miembro. Esta diferencia es una de las modificaciones más importantes respecto al enfoque inicial más amplio de la Comisión.
Las dos posiciones adoptadas por ENVI aún no representan la forma definitiva de la legislación. Deben ser confirmadas por el Parlamento Europeo en el pleno, etapa prevista para la sesión del 19–22 de octubre. Si el pleno confirma los mandatos, el Parlamento podrá comenzar las negociaciones con el Consejo sobre los textos finales.
Por lo tanto, las votaciones de ENVI no significan que las pymes europeas ya estén exentas de la obligación. Establecen la posición de la comisión parlamentaria para la siguiente etapa del proceso legislativo. La situación jurídica efectiva solo cambiará después de que concluya el procedimiento y entren en vigor los actos adoptados.
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