APAPR ha enviado un memorando al CCR para apoyar la constitucionalidad de la nueva ley de pensiones privadas, que limita los retiros al 30% de los fondos.

Los administradores de fondos de pensiones privadas, a través de la Asociación para las Pensiones Administradas Privadamente en Rumanía (APAPR), impugnan la legalidad de la nueva ley de pensiones privadas, que limita el retiro al momento de la jubilación a un máximo del 30% de la suma acumulada. APAPR ha presentado un memorando 'amicus curiae' ante el Tribunal Constitucional (CCR) para argumentar que la ley es conforme a los principios constitucionales y no afecta el derecho de propiedad de los participantes, que está regulado, no es absoluto. La ley se presenta como una evolución natural del sistema, teniendo objetivos legítimos de protección social y estabilidad financiera. La Alta Corte de Casación y Justicia ha notificado al CCR, sosteniendo que la nueva ley infringe el derecho a la propiedad privada, y que los participantes son los propietarios exclusivos de los activos en sus fondos. Esto subraya la necesidad de que cualquier intervención del estado sea justificada y proporcional.