Las verificaciones se centran en representantes de algunas empresas y personas de Bucarest y de los condados de Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj y Bihor. DIICOT investiga sospechas de grupo criminal organizado, el uso de documentos aduaneros, comerciales y de transporte falsificados, así como evasión fiscal. La investigación parte de dos empresas de exportación del extranjero que, desde 2022, habrían coordinado el contrabando de gasóleo, utilizando documentos inexactos sobre las cantidades importadas y las facilidades de una terminal petrolera estatal.
Según los fiscales, el mecanismo habría distorsionado el mercado de los combustibles, favoreciendo a pequeñas empresas que han obtenido beneficios injustificadamente altos y permitiendo la venta de gasóleo sin contabilización, a través de operaciones ficticias destinadas a eludir impuestos. En total, se ven implicadas 11 empresas que habrían importado gasóleo entre 2022 y 2025.
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