Los fiscales de la Fiscalía de la Corte Suprema, junto con los policías de la Dirección de Investigación del Crimen Económico, han llevado a cabo redadas en ocho lugares de Bucarest, incluyendo la sede de Tinmar y las viviendas de los propietarios. Las acusaciones incluyen fraude con consecuencias especialmente graves y lavado de dinero. La investigación se centra en las actividades realizadas entre abril y agosto de 2022, cuando el grupo Tinmar habría llevado a cabo operaciones destinadas a aumentar artificialmente el precio medio de adquisición de energía, generando beneficios significativos y maximizando las subvenciones del presupuesto estatal. También se investigan las transferencias de clientes entre las empresas del grupo, que han llevado a un rápido aumento de la cartera de clientes y a la declaración de un mayor número de puntos de consumo. El daño estimado causado al presupuesto estatal supera los 104 millones de lei.
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