La Fiscalía Europea ha anunciado que su oficina en Iași ha llevado a juicio al presidente y al vicepresidente de una asociación en Rumanía en un caso de fraude que involucra seis proyectos Erasmus+. Los fiscales afirman que los dos habrían utilizado documentos falsificados para desviar fondos europeos para fines personales, en condiciones en las que algunos proyectos habrían sido realizados solo parcialmente, mientras que otros no habrían sido implementados en absoluto. El perjuicio se estima en 111.342 euros, aproximadamente 541.000 lei.
La Fiscalía Europea ha llevado a juicio a dos personas en Rumanía, el presidente y el vicepresidente de una asociación, en un caso de fraude que involucra seis proyectos Erasmus+. La investigación de la oficina de la Fiscalía Europea en Iași sostiene que el mecanismo de anticipos del programa europeo habría sido utilizado para obtener y desviar fondos que debían financiar movilidad, educación, formación y proyectos para jóvenes.
En resumen
La Fiscalía Europea ha llevado a juicio al presidente y al vicepresidente de una asociación en Rumanía.
El caso involucra seis proyectos Erasmus+.
Los fiscales afirman que los acusados habrían presentado documentos falsificados para utilizar los fondos con fines personales.
Algunos proyectos habrían sido implementados solo parcialmente, mientras que otros no habrían sido implementados en absoluto.
El perjuicio estimado es de 111.342 euros, aproximadamente 541.000 lei.
Erasmus+ es uno de los programas más conocidos de la Unión Europea, utilizado para movilidad transfronteriza, educación, formación y proyectos para jóvenes. Para las organizaciones, el programa puede ofrecer un anticipo de hasta el 80% de la subvención, de modo que los proyectos puedan comenzar antes de la liquidación final.
Este anticipo sigue siendo propiedad de la Unión Europea hasta que el beneficiario presente un informe final satisfactorio. En la práctica, esto significa que el dinero puede ser utilizado para las actividades aprobadas, pero no se convierte en definitivo para el beneficiario hasta que se verifique cómo se ha realizado el proyecto.
La Fiscalía Europea sostiene que los dos acusados habrían abusado de este mecanismo mediante la presentación de documentos falsificados y la desviación de fondos para fines personales. Según la investigación, algunos proyectos Erasmus+ habrían sido realizados solo parcialmente, mientras que otros no habrían sido implementados en absoluto.
En algunos casos, los costos de los proyectos habrían sido artificialmente inflados mediante declaraciones falsas. Tales prácticas afectan directamente el propósito del programa, ya que los fondos europeos destinados a movilidad y formación pueden dejar de financiar las actividades para las que fueron aprobados.
Si se les encuentra culpables, las dos personas enfrentan penas de entre dos y siete años de prisión. La Fiscalía Europea aclara que todas las personas implicadas gozan de la presunción de inocencia hasta que se establezca su culpabilidad por parte de los tribunales rumanos competentes.
La asociación implicada en el caso, a través de un representante designado, ha firmado un acuerdo de reconocimiento de culpabilidad, que debe ser aprobado por el tribunal. Según el comunicado, el acuerdo prevé una sanción financiera y la publicación de la decisión del tribunal como sanción adicional.
En una etapa anterior de la investigación, la Fiscalía Europea ha embargado bienes para cubrir el perjuicio estimado en 111.342 euros, aproximadamente 541.000 lei. Los bienes embargados incluyen inmuebles, un vehículo y cuentas bancarias.
El caso es relevante porque muestra cómo los fraudes con fondos europeos pueden ocurrir también en programas percibidos públicamente como estrictamente educativos o cívicos. Erasmus+ financia proyectos que deberían ofrecer experiencias concretas de aprendizaje, movilidad y cooperación para jóvenes y organizaciones, y el uso falso de documentos puede convertir una herramienta educativa en un mecanismo de desvío de fondos europeos.
La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la Unión Europea. La institución investiga, persigue penalmente y lleva a juicio los delitos que afectan los intereses financieros de la UE.
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