La Comisión Europea ha cerrado dos procedimientos contra Francia relacionados con la explotación de la energía hidroeléctrica después de que París cambiara el régimen jurídico de las grandes instalaciones y previera el acceso de los competidores de EDF a al menos el 40 % de la capacidad hidroeléctrica instalada a escala nacional. La decisión, anunciada el 7 de octubre, pone fin a unas disputas con las autoridades francesas que comenzaron hace más de una década.
En resumen, la Comisión cierra un expediente de competencia relativo a la posición de EDF y un procedimiento de infracción sobre la adjudicación y prórroga de las concesiones hidroeléctricas. La nueva ley francesa sustituye el régimen de concesiones para las instalaciones de más de 4,5 MW por un sistema de autorización y derechos reales sobre la infraestructura. EDF debe poner a disposición de terceros productos que representen capacidad suficiente para que al menos el 40 % de la capacidad hidroeléctrica instalada en Francia sea accesible a otros operadores. El mecanismo parte de 6 GW de capacidad hidroeléctrica virtual, vendida mediante subastas, y está previsto para 20 años. Las presas y las instalaciones afectadas siguen siendo propiedad del Estado francés. La reforma no transfiere el 40 % de la infraestructura hidroeléctrica a los competidores de EDF.
La primera disputa se refería a la posición de EDF en el mercado francés de la electricidad. La Comisión consideraba que la adjudicación directa al operador histórico de una gran parte de las concesiones hidroeléctricas, sin procedimientos competitivos y por periodos muy largos, podía consolidar la posición dominante de la empresa. El expediente se había abierto sobre la base de los artículos 106 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La Comisión señalaba en su informe sobre la política de competencia para 2025 que aproximadamente el 85 % de la capacidad hidroeléctrica francesa había sido adjudicada directamente a EDF y que algunas concesiones podían tener una duración de hasta 75 años. En julio de 2025, el Ejecutivo europeo había aceptado en principio la solución propuesta por Francia, pero había mantenido abierto el expediente hasta la adopción efectiva de la reforma.
El segundo procedimiento, INFR(2018)2378, se había abierto en 2019 y se refería a las normas del mercado interior y a la adjudicación de concesiones. La Comisión cuestionaba la posibilidad de renovar o prorrogar determinadas concesiones hidroeléctricas sin un procedimiento transparente y competitivo, relacionando el problema tanto con las normas europeas sobre concesiones como con la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios.
La ley francesa promulgada el 29 de junio de 2026 cambia la arquitectura del sistema para las instalaciones hidroeléctricas con una potencia superior a 4,5 MW. Los contratos de concesión afectados quedan rescindidos y la explotación pasa a un régimen de autorización. A los operadores existentes se les pueden atribuir derechos reales sobre las instalaciones y derechos de ocupación del dominio público por un periodo de 70 años, en las condiciones previstas por la ley.
Este cambio no significa la privatización de las presas. La propiedad de las construcciones y las instalaciones sigue correspondiendo al Estado francés, y la transferencia de los derechos concedidos a los operadores está sujeta a condiciones y a la aprobación de las autoridades.
La compensación en materia de competencia se articula por separado. EDF debe poner en el mercado productos que reproduzcan las características de la producción hidroeléctrica, de modo que las empresas ajenas al grupo tengan acceso a una parte suficiente para abrir al menos el 40 % de la capacidad hidroeléctrica instalada en Francia.
Inicialmente, la ley establece una capacidad hidroeléctrica virtual de 6 GW. El nivel debe reevaluarse cada cinco años para mantener el umbral de al menos el 40 %, y el mecanismo está previsto para un periodo total de 20 años.
Los productos se comercializarán mediante subastas. El sistema incluye un precio de reserva que debe tener en cuenta los costes de producción y las condiciones del mercado, y funcionará bajo la supervisión de la autoridad francesa reguladora de la energía.
El acceso al 40 % de la capacidad no significa que los operadores competidores vayan a adquirir la propiedad o la explotación física del 40 % de las presas francesas. El mecanismo les ofrece acceso económico a productos mayoristas que reproducen la producción y la flexibilidad de los activos hidroeléctricos, mientras la infraestructura sigue siendo propiedad del Estado.
La reforma pretende resolver simultáneamente el problema de las inversiones bloqueadas por la expiración de las concesiones y las objeciones europeas en materia de competencia. La energía hidroeléctrica tiene un valor adicional para el sistema eléctrico porque la producción puede ajustarse rápidamente y algunas instalaciones pueden proporcionar almacenamiento, lo que permite equilibrar con mayor facilidad la producción variable de fuentes como la solar y la eólica.
El cierre de los dos procedimientos significa que la Comisión considera que el nuevo marco responde a los problemas que dieron origen a los expedientes. Sin embargo, no constituye una conclusión de que la reforma vaya a reducir automáticamente las facturas de electricidad. Los efectos sobre la competencia, las inversiones y los precios dependerán de la aplicación del mecanismo, de las subastas organizadas y de las condiciones del mercado energético francés.
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