Inmunidad, fraude y poder en el Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo ha votado a favor de mantener la inmunidad de la eurodiputada alemana Angelika Niebler, bloqueando, en esta etapa, una investigación de la Fiscalía Europea sobre sospechas de fraude con fondos parlamentarios. La decisión, adoptada mediante votación secreta y con una mayoría ajustada, abre una gran tensión institucional entre el Parlamento y la EPPO: hasta dónde puede llegar la protección del mandato parlamentario y dónde comienza la obligación de permitir la investigación de las sospechas sobre el uso de fondos europeos.

El Parlamento Europeo ha votado a favor de mantener la inmunidad de la eurodiputada alemana Angelika Niebler, miembro del grupo EPP, bloqueando así, en esta etapa, una investigación de la Fiscalía Europea sobre sospechas de fraude con fondos parlamentarios. La votación no establece si las acusaciones son fundadas o infundadas. Pero produce un efecto inmediato: la EPPO dice que no puede llevar la investigación más allá de la fase preliminar.

Este es el punto central del caso. Una investigación penal no es una condena. Es el mecanismo mediante el cual se verifican las sospechas, se recogen pruebas y se pueden confirmar o desmentir las acusaciones. En el caso de un político, sin embargo, la simple investigación puede tener efectos reputacionales importantes. Por eso, los procedimientos para levantar la inmunidad son delicados: deben proteger a los parlamentarios de posibles persecuciones políticas, sin convertir la inmunidad en un obstáculo para investigaciones legítimas.

El caso Niebler plantea exactamente esta tensión en el centro de la política europea. El Parlamento dice que ha aplicado el procedimiento. La EPPO dice que el procedimiento ha creado una barrera que impide la investigación. Ambas afirmaciones pueden ser simultáneamente verdaderas. Precisamente por eso, el expediente ya no se trata solo de una eurodiputada alemana o de una decisión de inmunidad. Se trata de la relación entre el Parlamento Europeo y la institución europea creada para investigar fraudes que afectan los intereses financieros de la Unión.

En el comunicado publicado tras la votación, la EPPO anunció que se reserva el derecho de impugnar la decisión ante los tribunales competentes. La formulación es diplomática, pero la consecuencia es clara: una votación interna del Parlamento Europeo puede convertirse en el punto de partida de un conflicto jurídico entre dos instituciones de la Unión.

Cómo se llegó al bloqueo

La cronología del caso se extiende por casi un año, desde julio de 2025 hasta mayo de 2026, y sigue el camino previsto por el Reglamento de procedimiento del Parlamento Europeo para las solicitudes de levantamiento de inmunidad. Precisamente esta normalidad procedural hace que el resultado final sea tan importante. El mecanismo ha funcionado formalmente, pero ha producido, al final del recorrido, un bloqueo de la investigación penal.

La secuencia comienza el 21 de julio de 2025, cuando la fiscal jefe europea, Laura Codruța Kövesi, envía al Parlamento Europeo una solicitud formal para levantar la inmunidad de Angelika Niebler. La solicitud se formula en virtud del artículo 29 del Reglamento de la EPPO, que establece cómo actúa la Fiscalía Europea cuando una persona objeto de la investigación goza de privilegios o inmunidades. Una carta de confirmación sigue el 1 de septiembre de 2025, y el caso se anuncia en el pleno del Parlamento Europeo el 10 de septiembre de 2025. A partir de ese momento, el expediente entra en la responsabilidad de la comisión de asuntos jurídicos, JURI.

Angelika Niebler es escuchada por la comisión JURI el 15 de abril de 2026. El ponente designado, el eurodiputado polaco Marcin Sypniewski, elabora el proyecto de decisión, y la comisión lo adopta el 5 de mayo de 2026. La recomendación es clara: la inmunidad no debe ser levantada. La votación en la comisión, 16 a favor de mantener la inmunidad, 3 en contra y 3 abstenciones, muestra una amplia mayoría, pero no unánime.

El expediente llega al pleno del Parlamento Europeo el 19 de mayo de 2026. El caso Niebler se distingue de otros procedimientos de inmunidad en la agenda por la votación secreta y por el resultado ajustado. El pleno vota con 309 votos a favor de mantener la inmunidad, 283 en contra y 53 abstenciones. La propuesta de la comisión JURI es adoptada. El Parlamento decide no levantar la inmunidad.

La diferencia de 26 votos, en una votación en la que participaron 645 eurodiputados, muestra que la decisión no fue cómoda. Casi el 44% de los que votaron se pronunciaron en contra de la recomendación de su propia comisión jurídica. Para un procedimiento que generalmente se trata como un ejercicio técnico, esta división es significativa.

La reacción de la EPPO llega el mismo día. La Fiscalía Europea afirma que el rechazo del Parlamento crea una "barrera procedural" que impide que la investigación supere la fase preliminar. En la práctica, el fiscal europeo delegado no puede llevar a cabo los actos de investigación necesarios para verificar las acusaciones.

Qué quiere investigar la EPPO

La solicitud de la Fiscalía Europea se basa en información proporcionada por una parte privada, un excolaborador de Angelika Niebler, empleado en su gabinete entre agosto de 2021 y septiembre de 2023. Con base en esta información, la EPPO consideró que existía una sospecha inicial suficiente para solicitar el levantamiento de la inmunidad y poder iniciar una investigación. No se trataba de una acusación formal, ni de un pliego de cargos. Se trataba de la autorización para verificar si las acusaciones podían ser respaldadas por pruebas.

Las acusaciones abarcan un período extenso, desde 2017 hasta 2025, y atraviesan tres legislaturas del Parlamento Europeo. Se refieren a cómo se habrían utilizado fondos puestos a disposición de un eurodiputado para el ejercicio de su mandato parlamentario.

La primera línea de sospechas se refiere al reembolso de gastos de viaje. Según la solicitud de la EPPO, Angelika Niebler habría solicitado de manera irregular el reembolso de viajes a Estrasburgo y Bruselas. La solicitud no indica las cantidades exactas involucradas, y esta falta de precisión se convertirá posteriormente en uno de los argumentos utilizados por la comisión JURI para cuestionar la solidez del procedimiento.

La segunda línea de acusaciones se refiere al uso de asistentes parlamentarios. La eurodiputada habría utilizado temporalmente asistentes parlamentarios acreditados y asistentes locales para actividades privadas o para actividades sin relación directa con su mandato como eurodiputada. Si se confirmara, tal acusación indicaría un uso incorrecto de los recursos pagados con el presupuesto del Parlamento Europeo, recursos destinados al ejercicio del mandato parlamentario.

La tercera línea es la más específica y, al mismo tiempo, la más difícil de evaluar sin una investigación efectiva. La EPPO sostiene que un asistente local habría trabajado exclusivamente para un ex eurodiputado del mismo partido, aunque su salario era pagado con el presupuesto parlamentario asignado a Angelika Niebler. En términos simples, la sospecha es que los fondos destinados al gabinete de un eurodiputado en funciones habrían financiado, de hecho, la actividad de otra persona política.

El encuadre jurídico indicado por la EPPO remite al artículo 263, párrafos 1 y 3, del Código Penal alemán, que regula el delito de fraude, incluidas sus formas agravadas. En el plano parlamentario europeo, la solicitud también hace referencia a las normas sobre el uso de indemnizaciones para asistencia parlamentaria, establecidas por la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo del 11 de septiembre de 2023 sobre las medidas de aplicación del Estatuto de los Diputados.

Dos elementos son esenciales. El primero es que las acusaciones permanecen, en esta etapa, como sospechas. Niebler no ha sido condenada, no ha sido llevada a juicio y no existe un veredicto sobre el fondo de las acusaciones. El segundo es que precisamente esto hace que la investigación sea importante. Sin el levantamiento de la inmunidad, la EPPO no puede verificar si las sospechas son reales, exageradas o infundadas.

El argumento de JURI y el círculo procedural

El informe adoptado por la comisión JURI el 5 de mayo de 2026 construye un razonamiento jurídico a favor de mantener la inmunidad. Los argumentos se apoyan en el Protocolo nº 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión, en el Reglamento de procedimiento del Parlamento Europeo y en la jurisprudencia de los tribunales europeos. Leídos por separado, se inscriben en la lógica habitual de un procedimiento de inmunidad. Leídos en el contexto concreto de este expediente, sin embargo, plantean una pregunta más difícil: ¿puede el mismo procedimiento que protege la independencia del mandato parlamentario llegar a bloquear completamente una investigación de la Fiscalía Europea?

La pieza central del razonamiento de JURI es el concepto de fumus persecutionis, es decir, la sospecha de que el procedimiento judicial no busca en primer lugar establecer la verdad, sino afectar la actividad política del eurodiputado en cuestión. La comisión JURI consideró que, en el caso de Niebler, existen elementos que pueden respaldar esta sospecha.

El primer argumento invocado es el carácter anónimo de la denuncia inicial. El informe señala que la información que está en la base de la solicitud de la EPPO proviene de una parte privada cuya identidad no se revela. En la lectura de la comisión, esta falta de transparencia dificulta la evaluación sustantiva de la denuncia y no permite excluir la posibilidad de que el procedimiento haya sido iniciado por una persona con una motivación política directa.

El argumento tiene peso, pero también tiene un límite. La denuncia inicial y la solicitud de levantamiento de inmunidad no son lo mismo. La denuncia puede ser anónima, incompleta o incluso motivada políticamente. La solicitud dirigida al Parlamento, sin embargo, fue formulada por la fiscal jefe europea, tras una evaluación preliminar de la EPPO y en el ejercicio de una competencia prevista por el Reglamento de la Fiscalía Europea. La cuestión no es solo si el denunciante inicial podría tener una agenda. La cuestión es si la EPPO actuó como simple vehículo de esa agenda o como una institución independiente que consideró que las sospechas merecían ser verificadas. El informe de JURI no desarrolla suficientemente esta distinción.

El segundo argumento se refiere al papel político prominente de Angelika Niebler. La comisión sugiere que la visibilidad e influencia de la eurodiputada podrían explicar la aparición de una denuncia motivada políticamente, con el fin de afectar su reputación o actividad. Es un razonamiento que puede tener sentido en ciertos casos. Pero, aplicado demasiado ampliamente, se vuelve peligroso. Si la prominencia política se convierte en sí misma en un indicio de persecución, entonces cuanto más influyente sea un eurodiputado, más difícil puede ser investigarlo.

El tercer argumento es la falta de precisión de la solicitud de la EPPO en cuanto a las cantidades exactas y las circunstancias concretas de la supuesta fraude. La observación es relevante, pero plantea un problema de lógica procedural. La EPPO se encontraba precisamente en la fase en la que solicitaba permiso para investigar y poder obtener documentos, verificar flujos financieros, auditar personas y aclarar las circunstancias. Si la inmunidad bloquea la investigación antes de que los fiscales puedan reunir pruebas, entonces la falta de detalles completos no puede ser utilizada automáticamente como un argumento decisivo en contra de la investigación. De lo contrario, el procedimiento se vuelve circular: no puedes investigar porque no tienes suficientes pruebas, pero no puedes obtener pruebas porque no tienes permiso para investigar.

El informe de JURI también invoca dos principios generales correctos. La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal del eurodiputado, sino una garantía de la independencia del Parlamento como institución. Además, el Parlamento no debe sustituirse a un tribunal de justicia y no debe tratar al eurodiputado en cuestión como un acusado en el marco del procedimiento de inmunidad.

Pero aquí es donde surge la principal tensión. Si el Parlamento no es un tribunal y no puede evaluar el fondo de las acusaciones, y la EPPO no puede investigar sin el levantamiento de la inmunidad, entonces, ¿quién puede establecer si las sospechas son fundadas o no? La votación del 19 de mayo no ofrece una respuesta jurídica a esta pregunta. Produce, más bien, un vacío procedural. Las acusaciones no son confirmadas, pero tampoco desmentidas. La eurodiputada no es declarada culpable, pero la investigación tampoco puede verificar si las sospechas tienen una base real.

Esta es la dificultad estructural del caso. JURI ha tratado la solicitud de la EPPO a través de la clásica cuadrícula de protección contra la persecución política. La EPPO ha mirado el mismo expediente a través de la cuadrícula de su mandato para investigar fraudes con fondos europeos. Ambas lógicas tienen una coherencia propia. Pero puestas cara a cara, producen un bloqueo: el Parlamento protege la inmunidad, y la Fiscalía Europea queda sin la posibilidad de verificar las sospechas.

Por qué el caso supera la inmunidad de Angelika Niebler

La votación del 19 de mayo no fue seguida de un debate público en el pleno. El procedimiento de inmunidad no funciona como un debate político habitual, y el Parlamento no discute en pleno el fondo de las acusaciones. Pero las reacciones surgidas en menos de 24 horas han mostrado que la decisión no puede reducirse a un simple episodio técnico.

En la mañana del 20 de mayo, en la rueda de prensa del grupo EPP, Manfred Weber presentó el caso como una cuestión procedural. El presidente del grupo político más grande del Parlamento explicó que los miembros de la comisión JURI habían analizado el expediente, tenido acceso a documentos y adoptado una recomendación con una clara mayoría. Desde su perspectiva, el grupo político no debe sustituir a los expertos jurídicos y debe respetar la conclusión de la comisión competente.

Es una posición política efectiva, porque desplaza la responsabilidad del grupo político hacia el procedimiento parlamentario. Weber no entró en el fondo de las acusaciones ni discutió en detalle las implicaciones de la votación para la EPPO. Tampoco respondió a la pregunta de fondo planteada por este caso: ¿por qué debería bloquearse una investigación de la Fiscalía Europea antes de que los fiscales puedan verificar las acusaciones?

En este contexto, la entrevista concedida por Laura Codruța Kövesi a G4Media.ro, publicada un día antes de la votación, adquiere una relevancia adicional. La entrevista no está formalmente relacionada con el caso Niebler. Kövesi no menciona a la eurodiputada alemana, no comenta sobre la votación y no se refiere al procedimiento de inmunidad. Pero describe un marco institucional más amplio en el que, en su opinión, la EPPO se ha enfrentado a resistencia frente al aumento de su capacidad de investigación.

Kövesi habla sobre lo que llama una "decisión política clara de no aumentar la capacidad de investigación de la Fiscalía Europea". También relata que un excomisario europeo le habría pedido que no publicara más datos estadísticos sobre fraudes con fondos europeos, por el motivo de que el público podría concluir que la Unión es corrupta. Kövesi no vincula estas afirmaciones con el caso Niebler, pero ofrecen un contexto relevante para el debate sobre la resistencia institucional frente al fortalecimiento de la EPPO y frente a la visibilidad pública de sus hallazgos.

Leído a la luz de esto, la votación del 19 de mayo no puede presentarse solo como una decisión aislada sobre la inmunidad de una eurodiputada. Entra en un debate más amplio sobre hasta dónde está dispuesta la Unión Europea a llegar cuando sus propios elegidos o sus propios mecanismos internos están bajo la lupa de una investigación antifraude.

Esta es la tensión central. El Parlamento defiende la independencia del mandato parlamentario. La EPPO defiende la posibilidad de investigar sospechas sobre el uso de fondos europeos. El EPP invoca el respeto del procedimiento. Kövesi describe lo que considera ser una resistencia frente al fortalecimiento de la Fiscalía Europea. Juntas, estas posiciones muestran que el expediente Niebler ya no se trata solo de una solicitud de levantamiento de inmunidad. Se trata de la capacidad de la Unión Europea para aplicar sus propias reglas de integridad cuando la prueba llega al interior de su propio legislativo.

Qué sigue después de la votación del 19 de mayo

La votación del 19 de mayo de 2026 produjo una decisión, pero no produjo una resolución. El Parlamento Europeo ha mantenido la inmunidad de Angelika Niebler, y la EPPO ha anunciado que esta decisión crea una barrera procedural para la investigación. A partir de este momento, el caso entra en una zona en la que cada opción tiene costos.

Para la EPPO, la primera opción es impugnar la decisión ante los tribunales competentes. El comunicado del 19 de mayo deja explícitamente abierta esta vía. Tal acción sería importante no solo para el caso Niebler, sino para toda la relación entre la Fiscalía Europea y el Parlamento. Los tribunales podrían ser llamados a establecer si las decisiones del Parlamento en materia de inmunidad pueden ser revisadas jurídicamente o si pertenecen a una zona de autonomía parlamentaria muy difícil de controlar.

Este camino, sin embargo, sería difícil. Un litigio podría durar mucho y colocaría a la EPPO en un conflicto directo con el Parlamento Europeo. Para una institución que depende del apoyo político, del presupuesto y de la cooperación de otras instituciones europeas, tal conflicto no está exento de riesgos. Pero evitar el conflicto tiene, a su vez, un costo. Si la EPPO acepta sin reacción un rechazo que le bloquea la investigación, el mensaje transmitido sería que el Parlamento puede cerrar, mediante votación, el acceso de la Fiscalía Europea a investigaciones que afectan a sus propios miembros.

La segunda opción es esperar. En teoría, si Angelika Niebler ya no ocupa un mandato europeo en el futuro, la inmunidad asociada al mandato dejaría de bloquear la investigación. La EPPO podría reanudar las verificaciones sin necesidad de una decisión del Parlamento. Desde el punto de vista jurídico, es una salida posible. Desde el punto de vista institucional, sin embargo, es una solución débil. Significaría que la Fiscalía Europea puede investigar efectivamente a un eurodiputado solo después de que este ya no sea eurodiputado.

La tercera opción es renunciar. La EPPO podría considerar que la barrera procedural es demasiado difícil de superar y podría cerrar el expediente. Esta sería la solución administrativa más sencilla, pero también la más costosa simbólicamente. Para la Fiscalía Europea, significaría aceptar un precedente peligroso: un expediente que se refiere al supuesto uso incorrecto de fondos europeos por parte de un eurodiputado no puede ser verificado porque el Parlamento ha rechazado el levantamiento de la inmunidad.

El Parlamento Europeo se enfrenta, a su vez, a su propio dilema. Hasta ahora, la votación ha sido presentada por el EPP como una decisión procedural, basada en el análisis de la comisión JURI. Pero si la EPPO impugna la decisión, el Parlamento tendrá que explicar más que el hecho de que se ha respetado el procedimiento. Tendrá que defender el razonamiento que llevó a la constatación del riesgo de fumus persecutionis.

También hay un problema de credibilidad externa. La Unión Europea construye una parte importante de su discurso político sobre el estado de derecho, la integridad pública y la protección del presupuesto europeo. Un Parlamento Europeo que bloquea, incluso a través de un procedimiento legal, la investigación de uno de sus miembros por sospechas de fraude con fondos europeos crea una vulnerabilidad política. Los gobiernos criticados por Bruselas pueden utilizar episodios como este para acusar de doble rasero.

El caso Niebler no debe describirse necesariamente como una crisis. Es más bien una prueba de estrés. Muestra lo que sucede cuando dos mecanismos legítimos entran en colisión: la inmunidad parlamentaria, destinada a proteger la independencia del mandato, y el mandato de la EPPO, destinado a proteger los intereses financieros de la Unión. El problema es que las reglas actuales no parecen ofrecer una solución clara cuando ambos se bloquean mutuamente.

En este punto, la pregunta ya no es solo qué sucede con Angelika Niebler. La pregunta es quién aclarará las reglas para el futuro. Pueden hacerlo las instituciones políticas, mediante una reforma de los procedimientos de inmunidad y mediante reglas más claras para las solicitudes provenientes de la EPPO. O pueden hacerlo los tribunales europeos, a través de un litigio que podría fijar jurisprudencia durante muchos años.

Cualquiera que sea el camino, el caso Niebler ha trasladado la discusión a una zona que la Unión Europea no puede evitar. El estado de derecho europeo no se pone a prueba solo en las capitales nacionales o en los estados miembros acusados de desviaciones democráticas. También se pone a prueba dentro de sus propias instituciones, donde la protección del mandato parlamentario se encuentra con la obligación de investigar posibles fraudes con fondos europeos. Y esta prueba es, para el Parlamento Europeo, mucho más incómoda que una votación procedural.

https://2eu.brussels/ro/analize-si-opinii/imunitate-frauda-si-putere-in-parlamentul-european