El Parlamento Europeo adoptó el jueves 8 de octubre una resolución que establece las prioridades para la futura estrategia de la Comisión Europea sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea. El documento busca reforzar la prevención, la integridad y la aplicación de la ley, en el contexto de la entrada en vigor, en mayo de 2026, de la directiva europea sobre la lucha contra la corrupción.
Los eurodiputados piden cartografiar los riesgos sobre la base de pruebas, normas más estrictas para la contratación pública y las subvenciones, así como estándares comunes sobre los conflictos de intereses, los regalos, el cabildeo, las declaraciones patrimoniales y la financiación política. El Parlamento solicita también una mayor transparencia en relación con las fundaciones políticas y los intermediarios.
La resolución hace hincapié en la cooperación entre las autoridades nacionales, Europol, Eurojust, la Fiscalía Europea y OLAF. Los eurodiputados piden recursos adicionales para la EPPO, independencia para los organismos anticorrupción y la adhesión de los Estados de la UE que aún no participan en este mecanismo.
El Parlamento vincula la corrupción con la delincuencia organizada, el blanqueo de capitales y la ocultación de activos. Se solicitan medidas para congelar y recuperar los productos del delito, así como controles más estrictos sobre los criptoactivos y las estructuras de propiedad opacas. Los eurodiputados piden una mayor protección para los denunciantes de irregularidades y los periodistas de investigación, seguimiento a través del GRECO e indicadores comunes para evaluar las políticas anticorrupción.
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