El Consejo de la Unión Europea ha adoptado una nueva directiva para combatir la corrupción, armonizando las definiciones de los delitos y estableciendo sanciones mínimas para los Estados miembros.

El Consejo de la Unión Europea ha adoptado una directiva que tiene como objetivo combatir la corrupción, armonizando las definiciones de delitos y estableciendo sanciones mínimas para personas físicas y empresas.

La nueva directiva reemplaza la legislación de 2003 y el convenio de 1997, actualizando el marco legislativo anticorrupción de la Unión. Entre los delitos incluidos se encuentran el soborno, la malversación de fondos y la obstrucción de la justicia.

Las sanciones para las personas físicas pueden variar entre 3 y 5 años de prisión, mientras que las empresas pueden ser multadas con el 3%-5% de su cifra de negocios o con sumas fijas entre 24 y 40 millones de euros.

La directiva subraya la importancia de la prevención, solicitando a los Estados miembros que creen organismos especializados para promover la integridad. Esta también se alinea con los estándares internacionales, incluyendo la UNCAC.

La directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación, y los Estados miembros tienen 24 meses para transponerla a la legislación nacional.

Esta reforma también propone reducir las discrepancias entre los sistemas jurídicos nacionales y construir una arquitectura de prevención y cumplimiento a nivel de la Unión.