60 Estados respaldan el compromiso contra los impuestos y las restricciones ilegales en los estrechos utilizados para la navegación internacional
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Los 27 Estados miembros de la UE y otros 33 países apoyan la iniciativa «No Fees/No Tolls», mediante la cual se oponen a los impuestos ilegales, las tarifas, las autorizaciones previas y las restricciones discriminatorias que obstaculizan la navegación legal por los estrechos internacionales. El compromiso es político, no un nuevo tratado, y no prohíbe las tasas portuarias ni los pagos por servicios permitidos por el derecho marítimo.
Un grupo de 60 Estados apoya ahora el compromiso «No Fees/No Tolls», lanzado por la Unión Europea para defender la navegación legal por los estrechos utilizados para el tráfico internacional. La lista publicada por el Servicio Europeo de Acción Exterior incluye los 27 Estados miembros de la UE y 33 países no pertenecientes a la Unión, que se comprometen a oponerse a los impuestos ilegales, las tarifas, las restricciones discriminatorias, las autorizaciones previas y otras condiciones incompatibles con el marco jurídico marítimo internacional.
En resumen
1.El compromiso cuenta con el apoyo de los 27 Estados de la UE y de 33 países terceros, es decir, 60 Estados en la lista oficial publicada.
2.El documento se refiere a los estrechos utilizados para la navegación internacional y a los derechos de paso establecidos por el derecho del mar, reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS.
3.Los partidarios se oponen a los impuestos y tarifas ilegales, las restricciones discriminatorias, las autorizaciones previas y otras condiciones que impedirían o limitarían la navegación legal.
4.La iniciativa se promovió en el contexto de las tensiones en el Golfo y el mar Rojo y de las perturbaciones de la libertad de navegación, incluso en el estrecho de Ormuz y Bab al-Mandab.
5.«No Fees/No Tolls» es un compromiso político. No crea un nuevo tratado internacional, no modifica la UNCLOS y no constituye una prohibición general de todas las tasas portuarias, de los canales o de los servicios marítimos.
Los 33 países no pertenecientes a la UE que aparecen en la lista oficial son Australia, Baréin, Benín, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Islas Cook, Fiyi, Gabón, Honduras, Islandia, Japón, Jordania, Kiribati, Lesoto, Liberia, Mauritania, Montenegro, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Omán, Palaos, Filipinas, República de Corea, Santo Tomé y Príncipe, Singapur, Sri Lanka, Suiza, Turkmenistán, Reino Unido y Yemen. La composición del grupo supera así las alianzas europeas o transatlánticas e incluye Estados de Asia, el Pacífico, África y la región del Golfo.
El documento parte del principio de que los estrechos utilizados para la navegación internacional tienen una función global, aunque se encuentren entre los territorios de algunos Estados. La interrupción del tráfico en tales puntos puede afectar al transporte de energía y alimentos, los costes comerciales, las cadenas de suministro y la circulación de mercancías entre continentes.
El contexto inmediato es el deterioro de la seguridad marítima en Oriente Medio. En el Consejo de Asuntos Exteriores del 12 de octubre, los ministros de la UE debatieron las tensiones en el Golfo y el mar Rojo, los ataques contra Arabia Saudí y la perturbación de la navegación en el estrecho de Ormuz y Bab al-Mandab. Varios ministros apoyaron en este contexto la iniciativa europea contra los impuestos y las restricciones unilaterales sobre las rutas marítimas.
Kaja Kallas, alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, presentó el argumento europeo en términos económicos y estratégicos. Para la UE, las rutas marítimas internacionales son una infraestructura esencial para la economía europea, y el acceso a ellas no debería condicionarse mediante medidas incompatibles con el derecho internacional.
Sin embargo, el texto «No Fees/No Tolls» está formulado de manera más amplia que la situación del estrecho de Ormuz. No nombra a ningún Estado contra el que esté dirigido ni se limita a un único estrecho, sino que establece una posición general sobre las vías marítimas utilizadas para la navegación internacional.Los partidarios afirman que apoyarán a las instituciones internacionales y regionales responsables de la gobernanza, la seguridad y la protección marítimas, en particular la Organización Marítima Internacional. También apoyan las iniciativas multilaterales defensivas y no escalatorias destinadas a preservar la libertad de navegación.
Un segundo principio es el rechazo de las acciones coercitivas o unilaterales que intenten modificar o eludir el ordenamiento jurídico existente en el mar. El documento vincula explícitamente esta posición con el derecho internacional reflejado en la UNCLOS y con el marco ya existente para la navegación por los estrechos.
La Convención de las Naciones Unidas establece regímenes diferentes según las características jurídicas de las aguas. Para los estrechos a los que se aplica el régimen de tránsito, los buques y las aeronaves disfrutan del derecho de paso en tránsito continuo y rápido entre dos partes de la alta mar o de las zonas económicas exclusivas.
Los Estados ribereños pueden adoptar determinadas normas sobre la seguridad de la navegación, el tráfico marítimo, la prevención de la contaminación, la pesca y la aplicación de normas aduaneras, fiscales, sanitarias o de inmigración. Sin embargo, estas competencias no permiten utilizar las normas de manera discriminatoria ni de modo que el derecho de tránsito sea, en la práctica, denegado, obstaculizado o menoscabado.
Precisamente esta delimitación explica la fórmula utilizada en el compromiso. Los Estados no dicen que cualquier tasa cobrada en relación con un buque sea ilegal, sino que se oponen a los impuestos y tarifas ilegales que obstaculicen la navegación legal o modifiquen el régimen de paso establecido por el derecho internacional.
Un buque puede, por ejemplo, pagar por un servicio concreto prestado en un puerto o en otras situaciones permitidas por el marco jurídico aplicable. «No Fees/No Tolls» no puede interpretarse como la eliminación universal de las tasas portuarias, los costes de los servicios o todos los regímenes especiales aplicables a los canales y otras vías navegables.
Tampoco la denominación política de la iniciativa crea una nueva norma de derecho del mar. La UNCLOS y las demás normas aplicables siguen estableciendo los derechos y las obligaciones de los Estados, y el compromiso pretende defender el marco existente, no sustituirlo.
El documento no establece un mecanismo propio de sanción para los casos en que un Estado introduzca una medida considerada incompatible con el derecho internacional. Tampoco crea una estructura nueva que decida automáticamente si un determinado impuesto o restricción es ilegal.
La respuesta en un caso concreto dependería de la naturaleza de la medida, del régimen jurídico del estrecho, de los Estados implicados y de los instrumentos diplomáticos o jurídicos disponibles. Sin embargo, los partidarios asumen una posición política común que puede utilizarse para coordinar las reacciones y atraer a otros Estados a la misma coalición.
La iniciativa funciona así en paralelo a la respuesta operativa de la UE a los problemas de seguridad marítima. En el mar Rojo, la operación EUNAVFOR ASPIDES protege a los buques mercantes contra los ataques, mientras que «No Fees/No Tolls» se refiere a las normas y los principios que deben regir el acceso a las rutas marítimas.
Los dos instrumentos no son equivalentes. ASPIDES es una operación de seguridad marítima con buques y otros recursos proporcionados por los Estados, mientras que el compromiso publicado por el SEAE es una coalición diplomática en torno al respeto del derecho de navegación.La lista de los 60 Estados puede seguir creciendo. Kallas invitó también a otros países a sumarse, y el carácter abierto de la iniciativa pretende convertir el principio en una posición internacional más amplia antes de nuevas disputas sobre el control o la condicionamiento de las rutas marítimas estratégicas.
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