La Comisión prepara para principios de 2027 una estrategia para las regiones donde la población se marcha por falta de oportunidades
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La estrategia «Right to Stay» se adoptaría a principios de 2027 y abordaría el acceso a puestos de trabajo, servicios públicos, educación, competencias e infraestructura en los territorios afectados por el declive demográfico. La Comisión afirma que 149 millones de personas han vivido, durante las dos últimas décadas, en una región de la UE que ha perdido población. En esta fase, la iniciativa no crea un nuevo derecho jurídico individual.
La Comisión Europea prepara para principios de 2027 una estrategia «Right to Stay» destinada a las regiones en las que el declive demográfico, la falta de puestos de trabajo, los servicios públicos insuficientes o la deficiente infraestructura empujan a las personas a marcharse. Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo para la cohesión y las reformas, afirma que la iniciativa debe ofrecer a las comunidades las condiciones necesarias para que sus habitantes puedan construir un futuro en el lugar donde viven, sin que la movilidad hacia otra región u otro Estado se convierta en una necesidad económica.
En resumen
La Comisión tiene intención de adoptar la estrategia «Right to Stay» a principios de 2027.
Según la Comisión, 149 millones de personas, aproximadamente uno de cada tres europeos, han vivido durante las dos últimas décadas en una región que ha perdido población. La cifra no representa el número de personas que han emigrado.
La estrategia abordará el acceso a oportunidades económicas, servicios públicos de calidad, educación y competencias, transporte y conectividad digital.
La Comisión consultó a autoridades locales y regionales, a la sociedad civil y a otras partes interesadas antes de redactar la estrategia. Fitto afirmó que el proceso de consulta recibió más de 700 contribuciones.
«Right to Stay» es actualmente un objetivo de política pública y de cohesión territorial. La estrategia no crea automáticamente un derecho jurídico mediante el cual una persona pueda solicitar los mismos servicios o inversiones en cualquier localidad de la UE.
El problema que la Comisión intenta abordar no es la simple movilidad de la población. La libertad de circulación sigue siendo una de las características fundamentales del mercado único, y las personas pueden elegir estudiar, trabajar o vivir en otra región u otro Estado. El concepto «Right to Stay» parte de las situaciones en las que marcharse deja de ser una elección real, porque en la comunidad de origen faltan puestos de trabajo, transporte, educación, servicios médicos, conectividad u otras condiciones necesarias para una vida normal.
La Comisión estima que 149 millones de personas han vivido, en algún momento de las dos últimas décadas, en una región europea que ha perdido población. El indicador debe interpretarse con atención: mide la población que ha vivido en regiones en declive demográfico, no el número de personas que se han marchado de esas regiones ni el número de quienes se beneficiarían directamente de la futura estrategia.
El declive de la población puede tener causas diferentes. En algunos territorios, el número de fallecimientos supera al de nacimientos. En otros, los jóvenes o las personas con determinadas cualificaciones se marchan a las grandes ciudades o a otros Estados para estudiar y encontrar trabajo. Ambos fenómenos pueden combinarse, y la pérdida de población puede reducir la base fiscal y la demanda local de servicios, lo que dificulta aún más mantener las escuelas, el transporte, los centros médicos o las actividades económicas.
La estrategia debería abordar este problema mediante un enfoque territorial, no a través de una única medida aplicada de manera uniforme a todas las regiones. La Comisión señala como ámbitos centrales las oportunidades económicas, los servicios públicos, la educación y el desarrollo de competencias, la infraestructura, el transporte y la conectividad digital. Las necesidades de una región rural con una población envejecida pueden ser diferentes de las de una ciudad industrial en declive, una isla o una región situada en la frontera oriental de la Unión.
La iniciativa se suma a varias estrategias territoriales preparadas por la Comisión. Estas incluyen la agenda europea para las ciudades, las medidas para las regiones de la frontera oriental, la estrategia para las islas y la nueva estrategia para las regiones ultraperiféricas. «Right to Stay» funcionaría como un marco más amplio que vincula el problema demográfico con las inversiones, los servicios y el desarrollo regional.
La consulta comenzó antes de la redacción del documento final. La Comisión lanzó una convocatoria de contribuciones, y Fitto declaró durante la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades que se habían recibido más de 700 contribuciones de partes interesadas y organizaciones de la sociedad civil de los Estados miembros. También se celebraron diálogos de implementación y conversaciones con las autoridades locales y regionales.
El Comité Europeo de las Regiones pide que la estrategia se construya partiendo de las características de cada territorio y que las autoridades locales y regionales participen directamente en la definición de las medidas. En la declaración adoptada en septiembre, los representantes de las regiones formularon el principio de la siguiente manera: la movilidad debe seguir siendo una elección, no imponerse por la falta de oportunidades.
Esta petición está directamente relacionada con la negociación del futuro presupuesto europeo. La creación de puestos de trabajo, el mantenimiento de los servicios médicos y educativos, la construcción de infraestructura o el desarrollo del transporte público requieren inversiones. Por ello, las autoridades regionales sostienen que una estrategia sobre el derecho a quedarse no puede funcionar al margen de la política de cohesión y de la manera en que se asignen los fondos europeos después de 2027.
La Comisión establece la misma relación con la preparación de los futuros Planes nacionales y regionales de asociación del presupuesto. Fitto afirmó que la estrategia se adoptará con suficiente antelación para poder influir en la preparación de estos planes. Si se adopta la arquitectura propuesta para 2028-2034, estos se convertirán en el principal instrumento mediante el cual los Estados agruparán las inversiones regionales, sociales y territoriales financiadas con cargo al presupuesto de la UE.
Sin embargo, también existe un problema de definición. El nombre «Right to Stay» puede sugerir la existencia de un derecho jurídico exigible. Los documentos que se están preparando actualmente describen más bien un principio de política pública: las personas deberían disponer de condiciones suficientemente buenas para poder elegir quedarse en su comunidad. Hasta ahora, la Comisión no ha propuesto una norma que garantice a cada ciudadano un nivel determinado e idéntico de servicios públicos, inversiones o puestos de trabajo, independientemente del territorio en el que viva.
Un análisis realizado para el Parlamento Europeo señaló esta posible ambigüedad, indicando que la expresión podría crear la expectativa de un derecho individual a servicios e inversiones iguales en todo el territorio de la Unión. El concepto utilizado inicialmente en el informe de Enrico Letta fue «freedom to stay», la libertad de quedarse, antes de que «right to stay» entrara en las orientaciones políticas de la actual Comisión.
La siguiente etapa consiste en transformar el concepto en una estrategia con instrumentos concretos. La Comisión debe establecer qué tipos de territorios se contemplan, qué medidas se propondrán, mediante qué fondos pueden financiarse, qué indicadores medirán los resultados y qué papel desempeñarán las autoridades nacionales, regionales y locales. Hasta entonces, el plazo de principios de 2027 representa el calendario anunciado para la adopción de la estrategia, no la fecha de entrada en vigor de un nuevo derecho jurídico.
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