La Corte Constitucional ha pospuesto el pronunciamiento sobre las solicitudes relativas a la ley de integridad.

El Tribunal Constitucional de Rumanía (CCR) ha decidido aplazar para el lunes 17 de agosto el pronunciamiento sobre las solicitudes relacionadas con la ley de modificación de los actos normativos en el ámbito de la integridad.

El presidente Nicușor Dan ha impugnado la ley, argumentando que fue adoptada con violación de las normas constitucionales. Se critica la claridad normativa, en especial la frase "la persona que tiene relaciones similares a las de los cónyuges", que amplía la obligación de declarar bienes e intereses.

Nicușor Dan subraya que la ley no establece criterios objetivos para identificar las relaciones afectivas relevantes, dejando a las personas afectadas a autoevaluarse. Además, se argumenta que la norma afecta el derecho a la vida privada e introduce una responsabilidad administrativa para terceros, lo que contraviene el principio de responsabilidad personal. Las críticas también incluyen la discriminación entre dignatarios, en función de la naturaleza de las relaciones personales. Una solicitud similar ha sido presentada recientemente por varios senadores.