La Comisión Europea ha solicitado oficialmente a las autoridades rumanas aclaraciones detalladas sobre la nueva Ley de Integridad, que ha entrado recientemente en vigor, especialmente en relación con el llamado "enmienda Fritz", votada por el PSD y AUR y declarada constitucional por el CCR, según algunas fuentes citadas por G4Media.
La carta, enviada por Ana Gallego, directora general de DG JUST, ofrece a Bucarest un plazo de dos semanas para responder a las preguntas formuladas.
Las preocupaciones de la Comisión se centran en el impacto de las nuevas regulaciones sobre los elegidos locales y los dignatarios, teniendo en cuenta que la ley prevé la finalización de los mandatos un mes después de su promulgación para las personas con decisiones anteriores de incompatibilidad o conflicto de intereses. Bruselas solicita aclaraciones sobre la compatibilidad de estas regulaciones con los principios del derecho europeo, incluida la seguridad jurídica y la irretroactividad. También se piden informaciones sobre el número de elegidos afectados, la naturaleza de la sanción y la posibilidad de impugnar la pérdida del mandato.
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