PSD acusa al USR de intentar «desinformar» al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea para obtener resoluciones y sanciones contra Rumanía, en la disputa sobre la ley de integridad, que incluye también la enmienda que dejará a Dominic Fritz sin mandato. Los socialdemócratas acusan en este contexto a los miembros del USR de un «acto irresponsable de traición nacional».
En un comunicado transmitido el jueves, el PSD sostiene que el USR actuaría para proteger a Dominic Fritz de las consecuencias legales de una condena firme por conflicto de intereses.
«¡El intento del USR de desinformar al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea para que intervengan con resoluciones y sanciones contra Rumanía representa un acto irresponsable de traición nacional! ¡Los del USR solicitan a los funcionarios europeos que castiguen a Rumanía, en favor de su presidente de partido, omitiendo precisar que este ha sido condenado definitivamente por conflicto de intereses!», señala el comunicado del PSD.
La formación afirma que el prefecto del USR de Timiș le habría impuesto únicamente una multa simbólica, decisión que considera contraria a las recomendaciones europeas y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Casación y Justicia.
El PSD invoca informes de la Comisión Europea de 2014, 2015 y 2019, según los cuales las sanciones en los casos de integridad deben ser estrictas y suficientemente «disuasorias». Los socialdemócratas sostienen que las enmiendas del USR a la nueva Ley de Integridad habrían eliminado las sanciones para los cargos locales condenados definitivamente.
El partido afirma además que estas enmiendas fueron rechazadas en el Parlamento, y que la norma transitoria propuesta por el PSD pretende mantener los efectos de las sanciones establecidas mediante resoluciones judiciales firmes. La divergencia tiene lugar en el contexto de las disputas políticas sobre la aplicación de la nueva legislación en materia de integridad.
La reacción del PSD llega después de que la Comisión Europea solicitara oficialmente a las autoridades rumanas aclaraciones detalladas sobre la nueva Ley de Integridad, que entró recientemente en vigor, especialmente en relación con la llamada «enmienda Fritz». Las preocupaciones de la Comisión se refieren al impacto de las nuevas normas sobre los cargos locales y los altos funcionarios, teniendo en cuenta que la ley prevé la finalización de los mandatos un mes después de su promulgación para las personas con decisiones previas de incompatibilidad o conflicto de intereses.
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