Valeriu Stoica: ¿Cómo puede el pueblo defenderse de su propio poder?

El sentido etimológico de la democracia es engañoso. La expresión «el poder del pueblo» se utiliza con significados diferentes: democracia popular, democracia totalitaria (se dice que también existe algo así), democracia referendaria, democracia participativa, democracia representativa, democracia liberal, democracia iliberal y, por último, pero no menos importante, democracia constitucional. En todos estos tipos de democracia se afirma que el poder pertenece al pueblo, pero algunos de ellos están organizados como regímenes políticos opresivos, autoritarios, dictatoriales o totalitarios. Reivindicado por demagogos y populistas de todos los rincones, desde hace más de dos milenios, el poder del pueblo ha sido desviado muchas veces, quedando vacío de contenido.

Fue y sigue siendo natural la pregunta: ¿cómo puede el pueblo defenderse de su propio poder, mediante cuya desviación queda privado de poder?

El liberalismo clásico formuló primero la pregunta. Como se sabe, la correcta formulación de la interrogación abre el camino hacia una respuesta pertinente, coherente y creíble. El liberalismo clásico unió en la teoría de la democracia constitucional dos concepciones que parecían antagónicas, la democracia y el imperio de la ley (el Estado de derecho), para fundamentar el conjunto institucional mediante el cual el pueblo pudiera defenderse de su propio poder e impedir que este cayera en manos de los populistas y demagogos. Aunque fue elaborada en el movimiento de ideas del liberalismo clásico, esta teoría política se expresa de manera menos equívoca en la denominación «democracia constitucional» que en la de «democracia liberal», teniendo en cuenta que el término «liberal» fue y se ha vuelto cada vez más confuso.

En primer lugar, en la teoría y la práctica de la democracia constitucional, el pueblo dejó de ser una masa amorfa, sometida a la voluntad de los líderes. Desarrollada durante muchos milenios como relación entre masas y líderes, la historia ofrece un amplio arsenal de métodos y procedimientos mediante los cuales el pueblo queda privado de su propio poder en beneficio de los líderes. La premisa del cambio de este modo de desarrollo de la historia fue la redefinición del pueblo, para que fuera entendido como una comunidad de personas, en la esfera privada, y como una comunidad de ciudadanos, en la esfera pública. Sin apartarse de su sentido etimológico, el término democracia fue reconfigurado desplazando el centro de gravedad hacia los miembros de la comunidad, considerados como personas y ciudadanos, y hacia las relaciones de asociación (políticas, económicas, culturales) que constituyen la estructura de resistencia contra la concentración y centralización del poder, para la defensa de la dignidad, la libertad y la seguridad de la persona.

No es casualidad que, en Rumanía, en Europa y en el mundo, desde hace algunas décadas se haya desencadenado un furioso asalto ideológico para desacreditar las cualidades del individuo como persona y como ciudadano, de modo que el pueblo vuelva a convertirse en una masa amorfa, moldeada por nuevos dictadores.

En segundo lugar, para preservar la comprensión del pueblo como una comunidad de personas y de ciudadanos, fue necesario un desarrollo teórico y una construcción institucional que impidieran la concentración y centralización del poder, ante todo del poder político. El principio de separación y cooperación leal entre los poderes del Estado, el pluralismo, la libertad de expresión, la existencia de los partidos políticos, los sistemas y procedimientos electorales, la supremacía de la Constitución y el control de la constitucionalidad de las leyes son elementos que definen el Estado de derecho y mediante los cuales el pueblo puede defenderse contra su propio poder, para conservarlo y poder ejercerlo de manera racional y eficiente. Si en Inglaterra se dijo que el rey reina, pero no gobierna, la eficacia práctica de esta regla fue posible mediante la construcción del conjunto institucional del Estado de derecho (del imperio de la ley). Parafraseando, puede decirse que el pueblo reina, pero no gobierna precisamente para no perder su poder.

Todos estos elementos que definen el Estado de derecho son objetivo de los ataques de los populistas y demagogos del Mundo Libre y de la ofensiva propagandística desencadenada por los regímenes políticos autoritarios, independientemente de su fundamento ideológico o religioso. La campaña de descrédito, fragmentación y demolición de los partidos políticos es cada vez más intensa, dirigida por agentes de influencia incluso desde los países en los que funciona el régimen político de la democracia constitucional. Es lamentable que, involuntariamente, muchos periodistas, comentaristas, politólogos y sociólogos que creen en los valores de este régimen político contribuyan, mediante el lenguaje y la retórica, mediante la sustitución de la polémica por el panfleto, al descrédito de los partidos políticos.

Recientemente, circuló en las redes sociales una supuesta propuesta de reforma del sistema político de Rumanía. Se afirmó que un gobierno dictatorial sería mucho más eficiente que el ejercicio del poder por medio de los partidos políticos y las instituciones constitucionales. Periódicamente, mediante referéndum, el pueblo podría cambiar al dictador si este no respetara el mandato que le fue confiado. Un argumento semejante fue desarrollado durante el período de entreguerras para justificar los regímenes políticos totalitarios. La ilusión de que el pueblo puede conservar su poder mediante un referéndum fue pagada muy cara por el mundo entero en la Segunda Guerra Mundial. La democracia referendaria sigue siendo hoy una ilusión tan peligrosa como durante el período de entreguerras. Renunciar al conjunto institucional de reparto del poder político, de equilibrio mediante el control recíproco y la cooperación entre las autoridades que lo ejercen abre el camino a la dictadura. Por este camino, el pueblo no recupera su poder. Al contrario, se eliminan todos los métodos y procedimientos mediante los cuales el pueblo puede defenderse de su propio poder, de modo que no lo pierda en beneficio de los dictadores.

Las enfermedades de la democracia constitucional son reales, pero al enfermo no se lo puede curar matándolo, sino mediante los remedios adecuados para recuperar su salud. Y en este régimen político la democracia no debe contraponerse al Estado de derecho, ni a la inversa.

Valeriu Stoica es abogado y profesor de derecho civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bucarest.