¿Cómo escapamos de la "tiranía del ad-hoc"?

Estamos atravesando una tormenta perfecta. Rumanía se encuentra hoy en un momento de máxima vulnerabilidad, atrapada en un "estancamiento" económico: Por un lado, estamos golpeados por una crisis interna de proporciones – un desvío fiscal-presupuestario crónico y un costo de financiación que nos transforma en campeones del riesgo en la región. Por otro lado, si buscamos de alguna manera una red de seguridad en el entorno externo, es cada vez más seguro que no la encontraremos allí. El mundo que nos rodea es una fuente de inestabilidad, con economías europeas insignia que jadean y un contexto geopolítico fragmentado que reescribe las reglas del comercio global.

Y el gran problema de Rumanía no es la falta de dinero, sino la calidad precaria de la administración del dinero público y de la economía nacional. El estado rumano está cautivo en un enfrentamiento estéril entre los partidos de una coalición hoy-es-mañana-no. La energía que debería dedicarse a la gestión de crisis se consume en negociaciones por la supervivencia política. En lugar de políticas públicas coherentes, tenemos una sucesión de medidas "extintoras", destinadas a apagar incendios momentáneos, pero que alimentan, a largo plazo, la inflación y la desconfianza. Creo firmemente que, en este punto de inflexión, Rumanía no necesita soluciones espectaculares o promesas mesiánicas lanzadas desde las pantallas de televisión. La solución es, paradójicamente, mucho más simple, pero mucho más difícil de aceptar para una clase política acostumbrada a la improvisación: necesitamos la terapia de la normalidad.

Debemos liberarnos de la tiranía del ad-hoc. Las políticas públicas no pueden ser el resultado de intuiciones momentáneas o de intereses de grupo. En cualquier estado que se respete, una decisión con impacto económico se fundamenta en estudios de impacto reales, transparentes y, sobre todo, creíbles. Sin esta base analítica sólida, cualquier intento de reforma sigue siendo una simple vulnerabilidad ante los mercados y los inversores. La falta de fundamentación es, de hecho, la forma más costosa de incompetencia.

Luego, debemos redefinir fundamentalmente la relación entre el estado y el entorno empresarial. La época de las "consultas" de forma, donde los empresarios son invitados solo para validar decisiones ya tomadas, debe llegar a su fin. El diálogo debe pasar a la etapa de co-creación. El sector privado es el que soporta el peso de la crisis y también es el que posee las soluciones prácticas. Si los encuentros entre decisores e inversores no producen cambios concretos en el acto normativo, entonces son solo ejercicios de imagen que erosionan la escasa relevancia que queda del diálogo social.

No por último, mirando hacia la futura arquitectura del Gobierno, es imperativo introducir una competencia real entre ministros. Los ministerios no pueden ser feudos políticos, sino que deben convertirse en unidades de rendimiento. Es hora de hablar de indicadores de rendimiento (KPI) claros y medibles: reducción de la burocracia a través de cifras concretas, atracción de inversiones extranjeras de alta tecnología y eficiencia administrativa real.

Y quien no alcance los objetivos, que se vaya sin importar cuán "difícil" sea su situación política. Si no pasamos del ruido político a la rigurosidad administrativa, la crisis externa nos encontrará sin defensa, y la interna devorará nuestras reservas de futuro.