Poco antes del anuncio del primer ministro Sébastien Lecornu sobre el salario mínimo, Francia atravesaba varias oleadas de protestas relacionadas con el coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos y de la educación. Las autoridades movilizaron masivamente a las fuerzas del orden y advirtieron que los riesgos incluían el resurgimiento de la violencia y los saqueos, tras las manifestaciones del 17 de octubre.
Durante los fines de semana anteriores, las protestas degeneraron en París y en otras ciudades: la policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua contra un grupo de jóvenes enmascarados, mientras que en Marsella se informó de incendios provocados y saqueos. Paralelamente, el movimiento también se mantuvo gracias a los estudiantes, que continuaron organizando manifestaciones, aunque el gobierno había anunciado algunas concesiones.
Las autoridades también informaron de detenciones y alteraciones, incluidas restricciones de circulación nocturna en determinadas zonas de París y prohibiciones temporales de algunos artículos utilizados en las protestas, mientras que los sindicatos anunciaron que preparaban nuevas acciones.