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La Ministra de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, ha anunciado que los centros de asistencia social (CPAS/OCMW) podrán recurrir a agencias de detectives privados para investigar casos de fraude en las ayudas sociales. Esta medida, aprobada por el gobierno federal, tiene como objetivo identificar a las personas que ocultan bienes inmuebles o ingresos por alquileres.
Aunque las verificaciones ya son posibles para propiedades en Bélgica, detectar bienes situados en el extranjero es más complicado. Los detectives podrán recopilar información de los registros locales y documentos oficiales, pero la decisión final seguirá siendo responsabilidad del asistente social.
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