Las autoridades belgas confiscaron temporalmente 28 camiones propiedad de una empresa rumana de transporte, tras una inspección realizada el domingo 6 de septiembre en la ciudad de Kortenberg. Las verificaciones se centraron en las condiciones laborales y el cumplimiento de la legislación social.
Los agentes descubrieron indicios de fraude social y de una posible explotación de los conductores. Varios empleados llevaban varias semanas viviendo en las cabinas de los camiones, y ocho de ellos fueron interrogados sobre los salarios recibidos y las condiciones de trabajo.
Leen Symons, portavoz de la policía de la zona de HerKo, declaró a ROBtv que las primeras conclusiones apuntan a la posibilidad de que los conductores cobraran por debajo del salario mínimo legal.
Los 28 vehículos fueron retenidos temporalmente para continuar las verificaciones. Ninguna persona fue arrestada ni detenida tras la intervención.
La inspección se lleva a cabo en un contexto en el que las autoridades belgas examinan cada vez con mayor atención los contratos laborales de los conductores rumanos. Recientemente, la empresa belga H. Essers fue obligada a pagar 200.000 euros a un conductor rumano, tras un proceso que duró más de 11 años y concluyó en el Tribunal de Casación.
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