El Gobierno alemán endurece los controles de las ayudas sociales y persigue los contratos ficticios, a los empleadores y los fraudes organizados

El Gobierno federal alemán ha aprobado un plan de diez puntos para combatir los abusos relacionados con las prestaciones sociales, con medidas que se aplicarían antes de finales de año. Los cambios afectan también a los rumanos que reciben apoyo financiero en Alemania y buscan una verificación más estricta del derecho a recibir fondos públicos.

El plan, elaborado por la ministra de Trabajo, Bärbel Bas, y el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, prevé un intercambio más rápido de información entre instituciones, notificaciones automáticas y el fortalecimiento de las estructuras que investigan los fraudes organizados. Las autoridades verificarán con mayor atención los contratos ficticios, el trabajo no declarado, los salarios declarados incorrectamente y las viviendas degradadas en las que se concentra a personas vulnerables.

Los empleadores que informen falsamente sobre la actividad de sus trabajadores y provoquen el pago de prestaciones indebidas podrían verse obligados a devolver el perjuicio causado. El Gobierno también quiere suspender determinadas prestaciones a las personas condenadas en firme que eludan el cumplimiento de su pena.

Las medidas se centran también en los intermediarios que están detrás de los mecanismos fraudulentos, no solo en los beneficiarios finales. Al mismo tiempo, las autoridades prometen protección para las víctimas de la trata de personas y de la explotación laboral. Alemania tiene la intención de ofrecer información y asesoramiento ya desde los países de origen, para prevenir la captación mediante falsas promesas.