
Las patronales de Rumanía, representadas por Sterică Fudulea, primer vicepresidente del CNIPMMR, piden al Gobierno que congele el salario mínimo, argumentando que un aumento ejercería una presión adicional sobre el sector privado, ya afectado por el aumento de impuestos. Fudulea subrayó que un aumento de 300 lei significaría un incremento del 9% en los costos laborales, lo que podría llevar a despidos y al aumento de precios.
Además, mencionó que no ha habido una discusión directa con el primer ministro sobre este tema y sugirió que el Ejecutivo podría encontrar soluciones que protejan tanto a los empleados como al entorno empresarial, incluyendo la reducción de la carga fiscal sobre el trabajo. Actualmente, hay un conflicto en el Gobierno, con el PSD queriendo un aumento del salario mínimo, mientras que las patronales se oponen. La coalición debe decidir si el salario mínimo aumentará o no en 2026, teniendo en cuenta el impacto económico reciente sobre las empresas.