El 25 de febrero, los policías de Buzău realizaron diez registros en el marco de una investigación sobre fraudes y falsificaciones en declaraciones relacionadas con el reembolso de alojamiento y alimentación para 180 refugiados ucranianos.
La acción fue coordinada por un fiscal de la Fiscalía del Tribunal de Buzău y se centró en las actividades de algunos funcionarios públicos, especialmente de la Alcaldía de Calvini, y locales. Entre noviembre de 2022 y enero de 2023, las personas implicadas habrían presentado documentos falsos para certificar el alojamiento y la alimentación de los refugiados, solicitando ilegalmente el reembolso de servicios por un valor aproximado de 335.000 lei. La suma fue bloqueada en cuentas, y el pago fue anulado. En la acción también participaron policías de diversas estructuras, incluidos gendarmes.
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