Seis parlamentarios de la USR presentaron un recurso administrativo previo mediante el cual solicitan la revocación de la decisión del Parlamento del 8 de septiembre de 2026 sobre el nombramiento de las direcciones interinas de TVR y Radio Rumanía. Los impugnantes sostienen que el procedimiento no habría respetado las condiciones previstas por la ley.
Cătălin Drulă, Diana Stoica, Gheorghe Șipoș, Cynthia Ioana Păun, Narcis Mircescu y Paul Alexandru Dimitriu solicitan la presentación de los documentos que demuestren la legalidad de las designaciones. Según el recurso, la decisión publicada en el Boletín Oficial no menciona la sesión conjunta de las Cámaras del Parlamento, que no habría podido celebrarse por falta de quórum, ni el acto por el que se habría rechazado el informe anual de las instituciones.
Los parlamentarios solicitan la revocación de la decisión por la que Sorina Matei fue designada para dirigir interinamente la Sociedad Rumana de Televisión, y Răzvan Ioan Dincă, la Sociedad Rumana de Radiodifusión.
Anteriormente, la USR y el PNL acudieron al Tribunal Constitucional en relación con los mismos nombramientos, alegando que los parlamentarios no pudieron votar sobre los presidentes de los consejos de administración, cargos que también incluyen las atribuciones de director general. Las direcciones interinas fueron aprobadas por las Mesas permanentes reunidas en septiembre de 2026.
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Contexto: USR y PNL impugnaron ante el CCR los nombramientos interinos de TVR y Radio Rumanía, alegando el incumplimiento del procedimiento
Antes de la denuncia presentada por los parlamentarios de la USR, PNL y la USR también habían recurrido al Tribunal Constitucional en relación con el nombramiento de la dirección interina de TVR y Radio Rumanía. La oposición sostuvo que la decisión de las Mesas Permanentes reunidas se tomó infringiendo la ley y la jurisprudencia del CCR, argumentando que los nombramientos interinos solo deberían haber sido posibles si el pleno reunido de ambas Cámaras no podía celebrarse por falta de quórum.
Las impugnaciones también se referían al hecho de que no existirían pruebas de que el pleno hubiera sido convocado y de que la sesión no hubiera podido celebrarse por ese motivo. Paralelamente, la USR anunció que también prepara una acción contencioso-administrativa, en función de la respuesta del CCR, y la iniciativa se produjo después de que el tribunal declarara inconstitucionales las decisiones anteriores relativas a las direcciones de las instituciones públicas de radio y televisión.
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