Una nueva ordenanza propuesta por el gobierno de Bolojan prevé penas de 2 a 7 años para los militares y policías que se conviertan en mercenarios, incluso después de jubilarse.

El gobierno de Bolojan ha propuesto una ordenanza que introduce penas de prisión de entre 2 y 7 años para los militares, gendarmes y policías que se alquilen como mercenarios en empresas privadas, incluso después de abandonar el servicio. El proyecto pretende complementar la legislación vigente para impedir el reclutamiento no autorizado en zonas de conflicto, ya que el personal militar tiene una formación especializada. Llega después de que las investigaciones revelaran la implicación de militares rumanos en misiones mercenarias en el Congo.