El gobierno ha iniciado una reforma del Código administrativo, suspendiendo los desplazamientos y transferencias en el sector público hasta 2026, con nuevas reglas para la contratación y reorganización.

El Gobierno de Rumanía ha propuesto una reforma significativa del Código administrativo, que busca modificar las reglas para el personal contractual del sector público. El proyecto de ley, que reemplazará la ordenanza de urgencia inicialmente planificada, introduce restricciones severas hasta el 31 de diciembre de 2026, suspendiendo los desplazamientos y transferencias de los funcionarios públicos y del personal contractual, con excepciones para las estructuras de defensa y las instituciones internacionales.

Las comisiones de concurso serán reorganizadas, interviniendo la ANFP solo para funciones de dirección, y las transferencias en interés del servicio podrán realizarse rápidamente, sin anuncio público. En caso de reorganizaciones, las instituciones deberán organizar exámenes internos para los puestos vacantes. Además, el período de suspensión de los contratos para actividades internacionales se limitará a 5 años, y la antigüedad en grado se extenderá para ciertas situaciones.

El proyecto introduce restricciones a la acumulación de la pensión con el salario, reduciendo las pensiones de servicio o militares en un 85% para los empleados que continúan trabajando. El Ministerio de Finanzas tendrá atribuciones de control y podrá aplicar multas entre 20.000 y 50.000 lei a las instituciones que no cumplan con las nuevas medidas. Excepciones podrán ser otorgadas mediante un memorando del Gobierno en casos justificados.