El presidente Nicușor Dan promulgó la ley que deroga las normas relativas a las incompatibilidades y los conflictos de intereses para el personal contratado

El presidente Nicușor Dan promulgó el miércoles la ley por la que se derogan varias disposiciones de la Ordenanza de urgencia n.º 57/2019 sobre el Código administrativo, relativas a las situaciones de incompatibilidad y conflicto de intereses en las que puede encontrarse el personal contratado de las instituciones públicas.

El acto normativo elimina los apartados (2)-(6) del artículo 550 del Código administrativo. Estas disposiciones equiparaban, en lo relativo a determinadas prohibiciones, al personal contratado con los funcionarios públicos y establecían normas sobre la constatación, resolución y sanción disciplinaria de las situaciones de incompatibilidad o conflicto de intereses.

La ley fue aprobada por el Senado a finales del mes pasado, en la forma modificada por la Cámara de Diputados, después de que el proyecto recibiera un informe favorable de la comisión competente. Los iniciadores justificaron la derogación por la necesidad de garantizar un marco legislativo predecible y prevenir posibles disfunciones en la actividad de las autoridades e instituciones públicas.

Una enmienda establece que las situaciones surgidas entre la entrada en vigor de la Ley n.º 165/2026 y la entrada en vigor de la nueva ley no serán consideradas incompatibilidades o conflictos de intereses y no darán lugar a la responsabilidad jurídica correspondiente. Los parlamentarios sostuvieron que la falta de un período transitorio podría haber provocado pérdidas de personal, bloqueos y dificultades en el desarrollo de las actividades administrativas.

Entre las normas derogadas figuraba la obligación del personal contratado que se encontrara en una situación de conflicto de intereses de abstenerse de resolver una solicitud o tomar una decisión, así como de informar a su superior jerárquico. El incumplimiento de estas disposiciones se consideraba una falta disciplinaria.