El gobierno ha adoptado un proyecto de ley que impone restricciones de 12 meses para los funcionarios en lo que respecta a las contrataciones en el sector privado, con el objetivo de prevenir conflictos de interés.

El proyecto de ley adoptado por el Gobierno establece un período de reflexión de 12 meses para los funcionarios públicos, prohibiéndoles tomar decisiones o firmar contratos con entidades privadas donde hayan trabajado en el último año. Después de finalizar su mandato, no pueden trabajar en áreas que podrían generar conflictos de interés sin un dictamen favorable. El proyecto incluye obligaciones estrictas de declaración de intenciones de empleo y listas de áreas incompatibles para cada funcionario.

La Agencia Nacional de Integridad (ANI) supervisará el cumplimiento de estas reglas, teniendo el poder de aplicar sanciones. Las sanciones por incumplimiento de las obligaciones se han reducido, y las antiguas autoridades pueden ser excluidas de funciones públicas por hasta tres años. La adopción de este proyecto responde a las recomendaciones internacionales para combatir el fenómeno de 'puerta giratoria' y fortalecer la confianza en las instituciones públicas.