Un proyecto de ley adoptado por el Gobierno establece reglas estrictas de integridad para los funcionarios y el personal contratado, incluidas restricciones antes y después de la contratación

La portavoz del Gobierno, Ioana Dogioiu, ha anunciado las modificaciones a la ley ANI, que imponen un marco unitario de restricciones para los dignatarios y el personal contractual. Estos deben presentar una declaración sobre los empleos anteriores en un plazo de 15 días desde su nombramiento. Al final del mandato, tienen la obligación de notificar a ANI sobre las intenciones de contratación posterior, para prevenir conflictos de intereses. El incumplimiento de estas reglas conlleva sanciones administrativas significativas.