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El general mayor y comandante del Hospital Universitario de Urgencias Militar Central 'Dr. Carol Davila', Florentina Ioniță, ha sido puesta bajo control judicial con una fianza de 1 millón de lei, acusada de usurpación de funciones y abuso en el servicio, con un perjuicio estimado en 8,3 millones de lei. Ioniță contrató ilegalmente a 18 militares activos como expertos en un proyecto financiado con fondos europeos, a pesar de la prohibición legal de acumulación de funciones. Los fiscales de la DNA han abierto la acción penal sobre la base de varios actos materiales, incluida la firma de documentos en lugar de los funcionarios superiores. Además, 18 sospechosos, incluidos militares y personal médico, están implicados en este esquema de abuso, cada uno acusado de complicidad. Ioniță aprobó procedimientos operativos ilegales y ordenó pagos salariales injustificados, causando así un perjuicio significativo al presupuesto de la Unión Europea y del estado rumano. Los fiscales han establecido medidas cautelares para recuperar el perjuicio, y Ioniță debe cumplir con obligaciones estrictas durante el control judicial. El Ministro de Defensa ha decidido no prorrogar su mandato, teniendo en cuenta las sospechas de corrupción.
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