El CCJ ha decidido que las personas afectadas por la vacuna anti-COVID pueden solicitar indemnizaciones al estado rumano y a los productores de los sueros.

La Alta Corte de Casación y Justicia (ÎCCJ) ha establecido que las personas que afirman haber sufrido a causa de la vacunación contra el COVID pueden solicitar indemnizaciones no solo a los productores, sino también al estado rumano. Los jueces han decidido que los procesos pueden ser iniciados tanto en base a la ley sobre la responsabilidad por productos defectuosos, como en las leyes que regulan los errores o la negligencia de las autoridades. Esto significa que, si una persona considera que ha sido afectada por la vacuna y que las autoridades han cometido un error, puede demandar al estado en los tribunales.

La decisión fue tomada en el contexto de un caso en el que una mujer de Sălaj solicitó una indemnización de 100.000 euros, acusando al estado y al productor de la vacuna de graves problemas de salud tras la inmunización. La ÎCCJ confirmó que el proceso debe ser juzgado en el fondo, abriendo así el camino para que otras personas afectadas soliciten indemnizaciones. El tribunal subrayó que no se establece la culpabilidad de las vacunas, sino el derecho de las personas a analizar sus casos en los tribunales.