Nicușor Dan pide la reexaminación de la ley anti-extremismo, acusando la falta de claridad y riesgos para la libertad de expresión, mientras que el CCR sostiene que la ley es clara y constitucional.

El presidente Nicușor Dan ha enviado al Parlamento la solicitud de reexaminación de la ley que modifica la OUG 31/2002 sobre la lucha contra el extremismo, argumentando que esto podría afectar la libertad de expresión y podría llevar a abusos.

Dan subraya que la ley no define claramente los delitos, permitiendo interpretaciones abusivas, como la penalización de la distribución de materiales xenófobos sin distinción entre propaganda extremista y obras literarias.

A pesar de que el CCR ha rechazado su solicitud, considerando la ley clara y bien definida, Dan advierte que una aplicación desequilibrada de la ley podría amplificar las tensiones sociales y la desconfianza en las instituciones. Critica la ausencia de definiciones legales para los términos “legionario” y “fascista”, lo que podría llevar a inestabilidad jurídica.

Así, el presidente del estado sostiene que, para proteger la democracia, el estado debe actuar con firmeza, pero también con equilibrio, respetando los derechos fundamentales.