El Bloque Nacional Sindical (BNS) sostiene que el aumento del salario mínimo en 2026 violaría la legislación nacional y europea, afectando el poder adquisitivo de los trabajadores vulnerables.

El Bloque Nacional Sindical (BNS) ha advertido que la congelación del salario mínimo en 2026 constituiría una grave violación de la legislación nacional y europea, arriesgando un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea.

Los sindicalistas subrayan que esta medida llevaría a una disminución del poder adquisitivo por debajo del nivel de 2024, afectando gravemente el nivel de vida de los empleados más vulnerables.

El BNS considera que la fórmula legal de cálculo del salario mínimo es correcta y transparente, siendo acordada por todas las partes implicadas y alineada con las directivas europeas. Además, los líderes del BNS critican la posición de los políticos de la coalición gubernamental que se oponen al aumento del salario mínimo, en el contexto de una alta inflación.

Sorin Grindeanu, el líder interino del PSD, mencionó que Rumanía podría entrar en "zona de infracción" si no se realiza un aumento del salario mínimo.

El primer ministro Ilie Bolojan explicó que un aumento así podría tener efectos en cadena sobre los ingresos del sector público y sobre las pequeñas empresas, pero reconoció que el salario mínimo actual no asegura un confort adecuado.