Cuatro parlamentarios del USR han presentado una iniciativa legislativa que propone un mecanismo claro y transparente para investigar las denuncias sobre molestias olfativas y contaminación del aire. El proyecto modifica la OUG 195/2005 sobre protección del medio ambiente y pretende que cualquier denuncia formulada por ciudadanos o por las autoridades de control desencadene verificaciones y mediciones.
Los promotores son las senadoras Cynthia Păun y Aurel Oprinoiu, así como los diputados Allen Coliban y Adrian Giurgiu. Según el USR, la autoridad central de salud, a través de sus estructuras subordinadas, debería investigar las fuentes generadoras de olores y su impacto en la salud de la población.
La propuesta prevé evaluaciones y controles independientes de los sondeos y pozos de agua situados cerca de los emplazamientos denunciados. Si se identifica una relación entre las molestias olfativas y la afectación de la salud, la autoridad sanitaria deberá informar inmediatamente a la autoridad medioambiental. En función de los resultados, la autorización del contaminador podría suspenderse.
En un plazo máximo de 180 días desde la entrada en vigor de la ley, debería elaborarse una metodología para investigar los efectos de los olores sobre la salud y la calidad de vida. El USR invoca las denuncias reiteradas de Bucarest, Ilfov y Brașov y propone un circuito institucional claro: denuncia, investigación, evaluaciones objetivas, respuesta fundamentada y medidas legales.
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